La Policía Nacional ha detenido en Sagunt a dos hombres, de 38 y 55 años, acusados de favorecer la inmigración irregular y cometer una presunta estafa mediante empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España.
Los investigados cobraban entre 150 y 800 euros para inscribir a estas personas en una vivienda de El Puig de Santa María donde realmente no residían. Después, los beneficiarios utilizaban ese documento para iniciar trámites destinados a regularizar su situación administrativa en el país.
Investigación sobre los empadronamientos fraudulentos
La investigación comenzó tras varios informes remitidos por la Policía Local de El Puig, que alertaban de posibles irregularidades en el padrón de una vivienda del municipio.
Las gestiones realizadas por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Sagunt revelaron que en ese domicilio figuraban empadronadas 18 personas, de las cuales 12 eran extranjeras. Los investigadores comprobaron que la mayoría no vivía allí y que habían abonado dinero al propietario del inmueble para obtener el empadronamiento.
Además, los agentes identificaron a un segundo implicado que actuaba como intermediario y facilitaba el contacto con ciudadanos extranjeros interesados en obtener esta documentación.
Vivienda sin condiciones adecuadas
La Policía constató que el inmueble presentaba graves deficiencias de habitabilidad. En determinados momentos carecía de suministro eléctrico y de agua corriente.
Según la investigación, la vivienda era utilizada principalmente de forma instrumental para facilitar trámites administrativos relacionados con la permanencia irregular en territorio nacional, sin que muchas de las personas inscritas residieran realmente en ella.
Los agentes consideran que los detenidos se aprovechaban de la situación de necesidad y vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros para obtener un beneficio económico mediante estos empadronamientos irregulares.
Tras las detenciones, ambos hombres quedaron en libertad después de prestar declaración. No obstante, fueron advertidos de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
