Las discotecas de la calle Tomasos, en el barrio de Russafa de València, han presentado un recurso de reposición contra la entrada en vigor de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) aprobada por el Ayuntamiento con el objetivo de suspender cautelarmente las restricciones impuestas a los locales de ocio y hostelería.
La iniciativa parte de la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa, con el apoyo de la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia y la Coordinadora del Ocio y la Hostelería de los Barrios de Valencia, tras la publicación oficial de la ZAS en el DOGV este 19 de mayo.
Los colectivos empresariales cuestionan los informes acústicos realizados por el Ayuntamiento entre 2022 y 2023 y consideran que existe una “desproporción” entre los niveles de ruido detectados y las limitaciones impuestas a la actividad de las discotecas de la zona.
Críticas al estudio acústico municipal
Según sostienen las asociaciones, el análisis técnico de las mediciones sonoras refleja únicamente 13 superaciones de los niveles de ruido en más de 3.000 franjas horarias evaluadas durante el horario de actividad exclusivo de las discotecas, a partir de las cuatro de la madrugada.
Los empresarios consideran “paradójico” que las medidas restrictivas puedan acabar provocando un incremento de los problemas de ruido en la zona en lugar de reducirlos.
Además, reclaman que el Ayuntamiento tenga en cuenta las medidas preventivas implantadas durante 2025 y 2026 tanto por el propio consistorio como por las empresas del sector, derivadas de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en junio de 2024.
Nuevo plan de medidas contra el ruido
El recurso incluirá una propuesta alternativa con nuevas medidas de lucha contra el ruido y la petición de retrasar el horario de cierre de las discotecas afectadas por la ZAS.
Las asociaciones aseguran que la presentación del recurso implica la suspensión de la entrada en vigor de las restricciones hasta que el Ayuntamiento resuelva el procedimiento administrativo, al amparo de la legislación vigente y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Los colectivos empresariales defienden que la aplicación inmediata de las medidas podría generar “perjuicios irreversibles” para los establecimientos afectados mientras se tramita el recurso.
