“El procedimiento de contratación instruido por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo (CEUE) no respeta los principios generales de contratación del sector público, ignorando aspectos esenciales previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. Así de contundente es una de las conclusiones de la Sindicatura de Comptes tras auditar la gestión de comedor escolar en los centros de educación primaria de la Comunitat Valenciana.
Esta entidad fiscalizadora ha hecho público este miércoles el informe de su auditoría operativa de los comedores escolares en los centros de educación primaria, cuyo objetivo era evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía la gestión este servicio.
En concreto, según detallan lo que se analiza es “si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica, eficiente y eficaz en el logro de los objetivos previstos”.
Así, entre las conclusiones extraídas, se destaca que este “incumplimiento de principios básicos en la contratación lleva aparejado una elevada variabilidad en el coste del menú pagado a los proveedores“. O dicho de otro modo, que cada proveedor percibe un precio totalmente diferente ya que la contratación se ha detectado que en muchos casos ignora aspectos esenciales previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Por otra parte, la Sindicatura también apunta que en cuanto a la financiación del servicio, “la CEUE realiza aportaciones periódicas para los gastos de funcionamiento del servicio y concede las becas individuales de comedor”. Sin embargo añade que esa aportación “no llega a cubrir los gastos de funcionamiento”, mientras que en cuanto al importe de las subvenciones “supera el coste de la actividad subvencionada”. Unos hechos que se traducen en lo que denominan, “una elevada dispersión de resultados económicos entre los centros docentes”, es decir, una notable desigualdad entre unos y otros.
Una normativa difusa en la gestión de los comedores
El informe también apunta que la normativa “no especifica debidamente el sistema de control de la gestión del comedor escolar.” Esto se traduce en que “la Inspección de Educación supervisa el funcionamiento del comedor, mientras que la Dirección General de Salud Pública (DGSP) revisa la calidad de la oferta alimentaria de los centros”, según señalan.
Por otro lado, la auditoría apunta conclusiones más positivas en cuanto al “cumplimiento de las atribuciones de los responsables de la gestión del servicio en los centros públicos que es, en términos generales, adecuado, pero existen algunas debilidades de control interno”.
También “el grado de adecuación de los menús de los comedores escolares a las exigencias normativas y a las recomendaciones sanitarias es elevado, si bien existe margen de mejora para conseguir menús totalmente saludables y sostenibles”, apostillan.
Falta de maniobrabilidad en los centros concertados
Como obstáculo para la auditoría, el informe también hace referencia a la dificultad de obtener informaciones en los centros concertados. “Hemos de destacar la capacidad limitada de la Administración autonómica para interferir en la organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros concertados. La jurisprudencia ha incidido en el diferente marco normativo aplicable al servicio de comedor que ha provocado una limitación al alcance de nuestra auditoría. No hay evidencias de que la Conselleria haya cumplido con las escasas atribuciones de que dispone sobre los comedores escolares de la red concertada”.
Por último, la sindicatura, recomienda a la Conselleria “concluir el diseño de un procedimiento que respete los principios generales de la contratación en el sector público, garantice una competencia legítima entre los potenciales licitadores, facilite el acceso a las pequeñas y medianas empresas, fomente la participación de las empresas de economía social y solidaria, permita lograr la eficiencia en la gestión de recursos públicos y pondere buenas prácticas de sostenibilidad medioambiental”, exponen.
Revisar la “sobrefinanciación” de las becas
Otra de las recomendaciones apunta a que este procedimiento que se recomienda “debe venir precedido de una modificación de la normativa que regula la gestión económica de los centros educativos, que data de 1995 y que no responde a los retos que la modernización de la Administración exige.
Pero además incide en que la CEUE “debería realizar un análisis económico exhaustivo y rediseñar un sistema justo de financiación del servicio de comedor, garantizando que las becas financien únicamente el coste subvencionable”.
