La Conselleria de Educación y los sindicatos de la mesa negociadora han decidido volver a reunirse este jueves 11 de junio a las 9:00 horas, después de una jornada de once horas de negociación en València, para que las organizaciones puedan votar un nuevo documento definitivo con las mejoras debatidas sobre salarios, plantillas, valenciano y condiciones laborales del profesorado.
En la reunión de este lunes, que ha tenido varios recesos y se ha retransmitido en directo por el canal de Youtube de la Generalitat a petición de la Conselleria de Educación, las partes han revisado punto por punto los bloques de simplificación burocrática, ratios, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, plantillas y retribuciones. El seguimiento público de la mesa ha permitido a la comunidad educativa conocer en tiempo real el desarrollo de las negociaciones.
Al cierre de la mesa sectorial, que ha comenzado a las 10:50 horas y ha concluido pasadas las diez de la noche, la consellera se ha comprometido a remitir este martes por la mañana, antes del mediodía, los documentos actualizados con las incorporaciones pactadas. El objetivo es que los sindicatos puedan someterlos a votación interna, en algunos casos entre sus bases y en otros en sus comités directivos, y llegar al jueves con una posición clara sobre la aceptación o rechazo del acuerdo.
Retribuciones y desacuerdos salariales
Las retribuciones han vuelto a ser uno de los principales puntos de fricción. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido que se puede, en sus palabras, salvar el dinero y el honor mediante un documento de adhesión al acuerdo salarial ya firmado por ANPE y CSIF. Ese pacto recoge una subida salarial progresiva para el profesorado hasta alcanzar 200 euros mensuales en 2028, junto con una adenda que debe aclarar la vinculación de ese aumento al IPC, después de que haya surgido de nuevo la duda de si la indexación afecta solo a los últimos 50 euros o a todo el incremento.
CSIF ha reiterado que el acuerdo está, según el sindicato, clarísimo: 75 euros de subida el 1 de septiembre de este año, otros 75 euros el 1 de enero de 2027 y 50 euros más el 1 de enero de 2028, hasta completar 200 euros indexados al IPC. Además, incluye seis días de libre disposición y la desconexión digital para el profesorado. ANPE ha explicado que en esta ocasión ha priorizado los plazos cortos y la concreción de los 200 euros en 15 meses, aunque ha advertido de que en enero de 2028 reclamará una nueva revisión salarial.
En cambio, STEPV ha cuestionado que la administración alegue falta de fondos para acercarse más a sus demandas. Este sindicato considera nulo el acuerdo y exige reabrirlo con lo que define como información verdadera. CCOO también ha pedido reabrir ese pacto, reclama garantías sobre cómo se hará efectivo el compromiso económico y quiere mayor claridad sobre la aplicación práctica de las subidas. UGT, por su parte, sostiene que la negociación salarial nace desfasada porque, a su juicio, los docentes valencianos parten en desventaja respecto a otras comunidades autónomas.
Debate sobre la ley de libertad educativa y el valenciano
Durante el bloque dedicado al valenciano, los sindicatos mayoritarios han insistido en sus críticas al inmovilismo de la Conselleria respecto a la propuesta inicial. El debate se ha centrado en la ley de libertad educativa, en las garantías para que se enseñe valenciano en las zonas castellanohablantes y en el valor de los nuevos títulos de capacitación docente.
STEPV ha reiterado la petición de derogar la citada ley o, al menos, enmendarla y trasladar ese cambio a Les Corts. También ha reclamado la retirada del nuevo currículo de bachillerato porque, según este sindicato, nadie lo ha pedido y no aporta nada, y contribuye a conflictivizar la enseñanza del valenciano. Además, ha denunciado los recortes en la promoción de esta lengua desde 2023.
ANPE ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el grado de homologación que tendrán las nuevas titulaciones de capacitación, clave para el futuro profesional del profesorado. CSIF ha insistido en que, aunque le gustaría que hubiera más intensidad en algunas medidas, tanto el valenciano como el castellano deben servir, en sus palabras, para entendernos, no para enfrentarnos.
Desde CCOO se ha reclamado la reversión, y no la derogación, de la ley de libertad educativa, así como la puesta en marcha de un plan específico para garantizar la enseñanza del valenciano en las zonas castellanohablantes. El sindicato también quiere que las organizaciones sindicales participen en ese diseño para garantizar la presencia real del valenciano en los centros educativos.
UGT considera el documento claramente insuficiente porque, según su análisis, no plantea una estrategia integral de defensa del valenciano. El sindicato subraya el problema de las familias que se quedan sin plaza en líneas de valenciano para sus hijos y sostiene que la libertad educativa es encubierta y completamente falsa, ya que no garantiza de forma efectiva esa elección.
Más contrataciones docentes y reparto de plantillas
En el capítulo de plantillas, los sindicatos han coincidido en reclamar una mayor concreción sobre el desglose de las 5.000 nuevas contrataciones de profesorado anunciadas por la Conselleria. Quieren saber cuántas plazas se destinarán a cada etapa educativa y cómo se distribuirán territorialmente para comprobar si cubrirán las necesidades reales de los centros.
El director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega, ha calificado la oferta de 7.742 puestos en cuatro años como excelente y se ha mostrado dispuesto a detallar la división de las 5.000 nuevas contrataciones. Ha explicado que esa cifra se plantea abierta como punto de partida para una negociación posterior sobre el reparto concreto.
De cara a las próximas horas, la clave estará en el contenido final del documento que Educación enviará a las organizaciones sindicales y en el resultado de las consultas internas a las bases y direcciones de cada sindicato. De ese respaldo dependerá que el jueves se pueda cerrar un acuerdo global que afectará a las condiciones laborales, retributivas y lingüísticas del profesorado valenciano.
La evolución de esta negociación marcará también el desarrollo de la conflictividad en el sector educativo en la Comunitat Valenciana, en un contexto en el que otras mesas han abordado cuestiones como la reducción de burocracia o la mejora de infraestructuras. Parte de estas demandas ya han sido objeto de movilizaciones y de debates públicos que pueden continuar si no hay consenso. La comunidad educativa seguirá pendiente de esta mesa, que se suma a otros debates abiertos sobre educación en la región, como los recogidos en la sección de educación de Actualidad Valencia (/educacion).
Para seguir la normativa y los marcos legales que condicionan estas medidas, la ciudadanía puede consultar la información oficial disponible en la web de la Generalitat Valenciana (https://www.gva.es), donde se publican las leyes educativas autonómicas y los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación.
