El PSPV ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al considerar que se ha negado a informar en Les Corts sobre los pagos realizados a empresas de la sanidad privada por derivaciones de operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes durante los ejercicios de 2024 y 2025.
La portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Yaissel Sánchez, ha precisado que el partido ha optado por acudir a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Esta figura se utiliza cuando se considera que una administración ha vulnerado derechos recogidos en la Constitución, en este caso el derecho a la participación en los asuntos públicos.
Según ha explicado Sánchez, el origen del conflicto está en la respuesta del conseller a las solicitudes de información formuladas por el grupo socialista. Gómez habría admitido que le resultaba complejo detallar los datos requeridos, una justificación que el PSPV interpreta como una negativa injustificada a ofrecer la información económica reclamada sobre los conciertos y derivaciones a centros privados.
Derecho de información de los diputados
La diputada ha subrayado que la negativa del conseller, además de ser políticamente inadmisible, vulnera el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución Española. A su juicio, resulta incomprensible e inaceptable que haya dinero público cuyo destino no se precise con claridad, y ha insistido en que el Consell debe explicar qué cantidades ha abonado y a qué empresas privadas se han destinado esos fondos.
Sánchez ha recordado que el 24 de febrero registró varias solicitudes de documentación para que la Conselleria de Sanidad detallara las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados. En esas peticiones ya se hacía constar que esta información no está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, por lo que anunció que se reservaba la posibilidad de emprender acciones legales si el conseller se negaba a facilitarla.
De acuerdo con el relato de la portavoz socialista, la respuesta de Gómez llegó el 2 de abril. En ese escrito, el conseller agrupó las tres solicitudes iniciales y otras dos adicionales y, siempre según la versión del PSPV, contestó solo de forma parcial a estas últimas. Para los socialistas, esta maniobra tendría como objetivo maquillar su negativa a aportar los datos económicos concretos sobre los pagos a la sanidad privada.
La diputada ha denunciado además que el conseller habría vulnerado el artículo 12 del Reglamento de Les Corts, que reconoce a los parlamentarios la facultad de recabar datos, informes y documentos administrativos, tanto en papel como en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat y de los organismos e instituciones dependientes de la misma. Este precepto, con rango de ley, obliga a las consellerias a suministrar la información que se les requiera en el ejercicio de la función de control parlamentario.
Sánchez sostiene que Gómez ha vulnerado este artículo de forma flagrante al no incluir en su contestación ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni referida a obligaciones ni a pagos, sobre los desembolsos realizados por el Consell a favor de la sanidad privada. A su entender, la ausencia de cualquier dato numérico impide fiscalizar el uso de los recursos públicos en este ámbito.
La portavoz socialista ha calificado esta situación de vergüenza, tomadura de pelo y desprecio a Les Corts, y ha cuestionado si el Consell ignora realmente qué ha pagado en 2024 y 2025 a las empresas de la sanidad privada. Ha recordado que la administración dispone de aplicaciones informáticas que, con un solo clic y a partir del NIF de una empresa, permiten conocer todos los pagos realizados.
En su valoración, lo que ocurre es que el Consell no quiere reconocer cómo está repartiendo entre determinadas empresas el negocio millonario en que, a juicio del PSPV, ha convertido la sanidad de la ciudadanía valenciana. Sánchez ha añadido que en 2025 el Gobierno valenciano realizó cuatro modificaciones de crédito con las que, según denuncia, multiplicó por tres el presupuesto anual destinado a la privatización de la sanidad, un incremento que el grupo socialista considera necesario esclarecer con detalle mediante la documentación solicitada.
