“No podemos seguir siendo los últimos en recibir lo que por derecho nos corresponde”, ha denunciado Susana Camarero, portavoz del Consell, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell celebrado esta mañana. Con un tono firme, ha exigido al Gobierno central «celeridad, justicia y compromiso» con la Comunitat Valenciana, especialmente en cuestiones como la financiación autonómica, la gestión de emergencias y el traspaso de competencias sobre el litoral.
Uno de los temas prioritarios abordados ha sido la aprobación de una contratación de emergencia para restaurar infraestructuras dañadas por la DANA en diversos barrancos y ríos del territorio valenciano, como el Túria o el Magro. Tal y como ha informado el Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, «hablamos de zonas de difícil acceso que requieren actuaciones urgentes para recuperar la funcionalidad de los diques y prevenir futuros daños», por este motivo, ha señalado el conseller, no se había podido ver hasta ahora el alcance de los daños. La inversión asciende a más de un millón de euros, incluyendo la mejora de accesos para maquinaria.
Asimismo, otro tema tratado en el Consell ha sido la solicitud formal al Gobierno de España del traspaso de competencias en ordenación del litoral. Para ello, se reclama la convocatoria urgente de la comisión bilateral para proceder a dicha acción. La medida se fundamenta en la entrada en vigor, el pasado 26 de mayo, de una norma autonómica que refuerza la protección de la costa desde una perspectiva «autonómica y valenciana». «Es una competencia exclusiva y ya hay comunidades que la han asumido. No podemos seguir esperando. La Generalitat es la administración más sensible para proteger nuestro litoral frente al cambio climático», señaló Vicente Martínez.
La financiación, el caballo de batalla
En el ámbito de la financiación autonómica, Susana Camarero ha denunciado el retraso en las entregas a cuenta del Estado, que ascienden a cerca de 1.000 millones de euros: «Ese dinero no es una dádiva del Gobierno, nos pertenece por derecho y se está reteniendo desde hace seis meses». Además, ha lamentado que la Comunitat Valenciana no haya recibido ni el FLA ni el extraFLA, fondos esenciales para sufragar servicios como farmacia o residencias de mayores, servicios que la Generalitat ve peligrar su abono, tal y como ha señalado Camarero. «Somos la comunidad peor financiada de toda España y nos están asfixiando económicamente”.
En este sentido, ha cargado contra el silencio de la oposición y, en particular, del Partido Socialista. «Sorprende que no exijan lo que es justo para todos los valencianos. Es un ejercicio de responsabilidad que debería unirnos más allá de colores políticos», ha reclamado.
La vivienda también preocupa
Camarero también ha anunciado la convocatoria, para el próximo 25 de junio, de la mesa del diálogo social con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos mayoritarios, para abordar conjuntamente esta situación. «Reclamamos una financiación justa y el extraFLA necesario para continuar nuestra recuperación económica.»
En materia de vivienda, la portavoz ha criticado el incumplimiento del PERTE anunciado por el presidente del Gobierno para impulsar la vivienda industrializada en la ZAL de Valencia. «Lo anunció hace meses y cuando preguntamos al SEPE, no hay novedad. Son ocurrencias que no llegan a materializarse.»
Sobre el futuro logístico del puerto de Valencia, el conseller Vicente Martínez Mus ha exigido una gestión coordinada entre Generalitat, SEPE y Ayuntamiento: «Tenemos más demanda que oferta en la ZAL. Hay proyectos de inversión muy interesantes y debemos escoger bien quién viene».
Otros acuerdos
En el apartado de infraestructuras, se ha aprobado la declaración de ocupación y expropiación para ejecutar obras de mejora en la línea Torre-CV370, en el tramo Manises-Riba-roja del Parque del Túria, con el objetivo de mejorar la conectividad de la zona.
Respecto a los servicios sociales, Camarero ha destacado la mejora en la interoperabilidad de los sistemas de información sobre autonomía y atención a mayores, así como el envío de beneficiarios del Imserso.
La portavoz del Consell también ha subrayado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Castellón del edificio de la plaza Juez Borrull, que será rehabilitado para usos sociales y públicos. «Era una reivindicación histórica de la ciudad y ahora será una realidad.»
En el ámbito sanitario, se ha anunciado un convenio con la Universidad de Alcalá para la formación online de médicos en atención primaria, y otros cuatro acuerdos con universidades valencianas para la realización de prácticas curriculares en ciencias de la salud.
En cuanto a la atención a las víctimas del terrorismo, el Consell ha aprobado una subvención de 24.540 euros para una víctima de un atentado ocurrido en 2003 en Benidorm, que hasta ahora no había recibido ayudas. Camarero defendió la necesidad de ampliar la cobertura legal de la Ley de Concordia: «Es una ley que reconoce y protege a quienes todavía necesitan apoyo.»
Otras medidas destacadas son los convenios con la UNED y con Labora para la instalación de nuevos puntos de atención laboral en municipios como Albaida, así como el impulso del arbitraje institucional para proteger a los consumidores.
Por último, Camarero ha arremetido contra el Gobierno por el caso Koldo, asegurando que «lo que se repartía era dinero público del Ministerio» y denunció la falta de reacción del PSOE ante las implicaciones del escándalo: «No solo es corrupción, es también una forma de machismo institucional intolerable.»
La comparecencia ha servido para reafirmar la postura del Consell como «defensor firme de los intereses de los valencianos«, y para exigir al Gobierno central «menos anuncios vacíos y más hechos concretos».
