La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investigado a un tercero por su presunta participación en una trama para engañar a una comunidad de propietarios durante la retirada de una bajante de amianto en una finca. Los implicados se habrían hecho pasar por una empresa habilitada para realizar este tipo de trabajos y habrían ejecutado la obra sin cumplir los protocolos laborales y ambientales exigidos para la manipulación de este material peligroso.
La investigación se ha iniciado después de que un vecino contactara con la empresa especializada que, aparentemente, estaba encargada de la actuación. La compañía constató entonces que no había sido contratada para esa obra, lo que permitió destapar el supuesto entramado organizado para retirar el fibrocemento de forma irregular.
Un fraude de 12.500 euros a los propietarios
Según la investigación, el administrador de la finca contactó inicialmente con varias empresas legalmente habilitadas para retirar materiales con amianto. Estas compañías advirtieron de la peligrosidad de la intervención y de los costes asociados a una actuación conforme a la normativa.
Sin embargo, para abaratar el coste de la obra de forma ilícita, el administrador habría contratado de manera opaca a una constructora ordinaria de su confianza. Ante las quejas vecinales por la falta de medidas de seguridad, defendió que se trataba de una obra común y llegó a exhibir informes medioambientales para tratar de calmar las protestas.
El fraude a los propietarios ha ascendido a 12.500 euros, aunque una obra realizada con todas las garantías laborales y ambientales habría superado los 38.000 euros. Tras descubrirse la falsedad documental y la suplantación de la empresa legítima, se paralizó el último pago pendiente, de 4.500 euros. Además, los vecinos tuvieron que asumir las labores urgentes de descontaminación de los inmuebles afectados.
Trabajos sin formación ni medidas de seguridad
El gerente de la constructora carecía de la inscripción correspondiente en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, obligatorio para este tipo de actuaciones. Además, según la investigación, sabía que sus operarios no disponían de la formación específica necesaria para manipular agentes carcinógenos.
El jefe de obra, por su parte, asumió la dirección material de los trabajos y posteriormente habría suplantado ante la junta de vecinos al titular de la empresa legalmente habilitada para lograr que se liberaran los pagos pendientes.
Los investigadores sostienen que el objetivo final del entramado era obtener un beneficio económico, eludiendo las tasas y los protocolos de seguridad exigidos por la normativa.
Riesgo para la salud y contaminación ambiental
La retirada del amianto se habría realizado con métodos especialmente peligrosos. Los operarios emplearon directamente martillo y cincel para desmontar la tubería y arrojaron los fragmentos hacia los pisos inferiores, lo que generó nubes de polvo tóxico que se dispersaron hacia viviendas colindantes.
La fractura mecánica del asbesto libera microfibras invisibles que, al ser inhaladas, pueden alojarse de forma irreversible en la pleura y los alveolos. Esta exposición puede provocar enfermedades graves diferidas en el tiempo, como asbestosis o mesotelioma.
Los residuos fueron introducidos posteriormente en bolsas ordinarias de plástico, sin el precinto ni el etiquetado reglamentario de peligro. Los investigados afirmaron que los habían trasladado en vehículos no autorizados a ecoparques municipales de la zona, instalaciones en las que está prohibida la recepción de este tipo de materiales estructurales. La normativa exige que estos residuos peligrosos se depositen en vertederos de seguridad autorizados.
Delitos imputados
Los detenidos son el administrador de fincas y el gerente de la empresa constructora. La tercera persona investigada es el jefe de obra. Se trata de tres hombres de entre 45 y 55 años, de nacionalidades española y peruana. También se investiga a una persona jurídica.
A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Seprona y las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia.
