Las entidades sociales que gestionan plazas de acogimiento residencial y centros de día para menores tutelados en la Comunitat Valenciana han advertido de que la falta de una financiación suficiente pone en riesgo la atención a más de 2.300 niños, niñas y adolescentes del sistema de protección. Las patronales FEPJJ y APIME, que representan al 97 % del sector, han rechazado la prórroga de la acción concertada planteada por la Generalitat hasta junio de 2028 al considerar que no garantiza una actualización económica acorde con los costes reales del servicio.
Las organizaciones gestionan actualmente 1.343 plazas de acogimiento residencial y otras 924 plazas en centros de día. Según defienden desde ambas entidades, la propuesta de la Conselleria obligaría a las asociaciones a asumir con recursos propios el déficit generado por unos módulos económicos que consideran insuficientes para mantener la calidad asistencial.
Los presidentes de FEPJJ y APIME, Daniel Bueno y Esteban Burillo, trasladaron esta postura durante la Mesa de Acción Concertada celebrada en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre de València. Desde las patronales sostienen que la administración pretende prorrogar el servicio durante dos años más sin ofrecer garantías sobre una revisión económica que permita cubrir los costes reales.
El conflicto se arrastra desde el inicio de la acción concertada en 2022. Según explican desde el sector, en noviembre de ese mismo año se alcanzó un acuerdo con la entonces Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para actualizar unos módulos económicos congelados desde 2018. Sin embargo, aseguran que el cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas dejó ese compromiso sin ejecutar.
«Estamos gestionando servicios esenciales con presupuestos diseñados para la realidad de hace ocho años», señalan desde las patronales. Las entidades sostienen que, pese a las actualizaciones parciales vinculadas al IPC en los últimos ejercicios, las auditorías continúan reflejando pérdidas económicas que no se han corregido.
La dificultad para aplicar el convenio colectivo
Uno de los principales puntos de conflicto afecta a las condiciones laborales del personal. Según defienden FEPJJ y APIME, el sector acumula una pérdida de poder adquisitivo cercana al 22 % desde 2008. Para revertir esta situación, el IV Convenio Colectivo pactado en octubre de 2024 contempló incrementos salariales medios del 4,4 % anual.
No obstante, las entidades aseguran que la propuesta de prórroga mantiene los precios fijados para 2025 hasta 2028, lo que impediría asumir las mejoras salariales previstas. Según explican, esta situación genera incertidumbre laboral y pone en riesgo la estabilidad de más de 3.500 trabajadores que atienden directamente a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.
Desde las patronales recuerdan además que todas las entidades del sector son organizaciones sin ánimo de lucro y que no disponen de capacidad financiera para absorber durante años el desfase económico derivado de la prestación del servicio.
El respaldo del Tribunal Supremo
FEPJJ y APIME también han apelado al reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la acción concertada. Las entidades recuerdan que la sentencia de Casación 292/2026, dictada el pasado 18 de marzo, respaldó el Decreto 181/2017 que regula este modelo de prestación de servicios sociales.
Según destacan desde las patronales, el alto tribunal refuerza el principio de «indemnidad patrimonial» y establece que las tarifas deben calcularse de forma realista para evitar que las entidades sufran pérdidas por gestionar servicios cuya titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana.
Las organizaciones consideran que el marco legal ya contempla mecanismos de reequilibrio económico, aunque lamentan que, a su juicio, no se hayan aplicado hasta ahora.
Incertidumbre ante el vencimiento de la acción concertada
Las entidades advierten de que la negativa de buena parte del sector a firmar la prórroga sin garantías económicas podría generar un grave problema administrativo y asistencial a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que finaliza el actual sistema de conciertos.
Desde FEPJJ y APIME insisten en que todavía existe margen para negociar una solución con la Generalitat que permita garantizar la continuidad de la atención a los menores con unas condiciones económicas viables para las entidades sociales.
Las patronales aseguran que su objetivo es evitar una ruptura del sistema de protección y reclaman a la administración autonómica mecanismos de reequilibrio financiero que permitan mantener la calidad de la atención a la infancia tutelada.
