La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que atienda la petición formulada por Compromís y cite a declarar al que fuera conseller de Educación, José Antonio Rovira, actualmente responsable de Hacienda, y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.
Esta causa penal analiza cómo se gestionó la emergencia provocada por la dana y, en particular, qué información tuvieron y qué decisiones adoptaron los distintos responsables políticos antes, durante y después del episodio de lluvias. Las declaraciones de altos cargos se consideran claves para reconstruir la cadena de mandos, aclarar quién conocía qué datos en cada momento y determinar si hubo posibles responsabilidades en la respuesta a la emergencia.
La petición de Compromís para llamar como testigos a Barrachina y Rovira fue rechazada el pasado 22 de abril. En aquel auto, la jueza instructora de Catarroja argumentó que la coordinación de las diferentes consellerias y la emisión de instrucciones durante la gestión de la emergencia recaía sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Es decir, situó el foco en los órganos específicamente encargados de dirigir el dispositivo frente a inundaciones, y no en todos los miembros del Consell.
No participaron en el Cecopi
La instructora también destacó que ni Barrachina ni Rovira participaron, ni de forma presencial ni telemática, en el Cecopi que se reunió el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que dejaron 230 víctimas mortales.
Este órgano de coordinación se reúne en episodios de emergencia para centralizar la toma de decisiones y compartir información entre las administraciones implicadas, por lo que su composición y el modo en que trabajó esa jornada se ha convertido en un elemento central de la investigación.
La Fiscalía, sin embargo, discrepa de la decisión adoptada en abril y, en un escrito remitido al juzgado, sostiene que ambas testificales deben considerarse pertinentes y útiles. Recuerda que ya se consideró adecuada la declaración de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, para preguntarle, entre otras cuestiones, por la información de la que disponía el Gobierno valenciano el día de la dana. A partir de ese precedente, el Ministerio Público entiende que también es relevante escuchar a otros consellers con responsabilidades directas en áreas afectadas por las inundaciones.
Relevancia de las testificales solicitadas
En su informe, la Fiscalía subraya que las declaraciones de Barrachina y Rovira se deben valorar, en particular, a efectos de averiguar qué información conocían los investigados sobre la evolución de la dana hasta el momento en el que se separaron los asistentes a la reunión del Consell de la Generalitat Valenciana celebrada el 29 de octubre de 2024.
La cronología de esa jornada, incluyendo las reuniones oficiales y las comunicaciones internas, es determinante para establecer si la reacción institucional fue proporcionada a la gravedad de las previsiones y de los hechos.
El Ministerio Público destaca además la necesidad de esclarecer las indicaciones verbales que, en su caso, la investigada Salomé Pradas pudiera haber dado a los citados consellers en relación con las competencias de sus respectivas consellerias. Estas supuestas instrucciones, si existieron, podrían haber influido en decisiones como la activación de recursos, la suspensión de actividades o la difusión de avisos a la población, por lo que su contenido resulta relevante para valorar la actuación global del Gobierno valenciano durante la emergencia.
La jueza instructora ha dejado constancia de la incorporación del informe de la Fiscalía a la causa en un auto hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. A partir de ahora, deberá decidir si mantiene su criterio inicial o si, a la vista del posicionamiento del Ministerio Público, acepta finalmente la citación como testigos de Miguel Barrachina y José Antonio Rovira en el marco de la investigación por la gestión de la dana.
