El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, Maria José Catalá, se han comprometido este miércoles a defender a las más de 974 empresas que se instalaron en la Comunitat Valenciana tras el ‘procés‘ y a poner todos los mecanismos jurídicos a su alcance en caso de que prospere la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña.
«Cuando alguien fracasa tiene dos opciones: reconocer su fracaso o intentar recurrir a la extorsión. Y no vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a las empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses» ha asegurado Mazón en declaraciones a los medios tras el desayuno de la alcaldesa de València organizado por Nueva Economía en el Hotel Las Arenas.
En este sentido, ha asegurado que «sí se confirma que el gobierno central y los partidos que lo sustentan están dispuestos a extorsionar, incumplir la Constitución, incumplir la libertad de movilidad de personas, mercancías y empresas; lo único que vamos a conseguir es ratificar que el nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión, lo cual es inaceptable”.
Así pues, ha avisado que la Generalitat prepara un recurso de inconstitucional para interponerlo de «manera urgente» en caso de que la propuesta de Junts salga adelante y defender así “la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de las 974 empresas”. Además, se pondrá en marcha un plan de estabilización y de apoyo a las empresas que ya se encuentren instaladas en la Comunitat.
Llamamiento a las empresas catalanas
Sobre si ha contactado con empresas como Caixabank, que se instaló en la Comunitat tras el ‘procés’, ha indicado que durante los últimos días está manteniendo un «intenso diálogo» con las principales empresas, no solo financieras -aunque no ha querido dar nombres para no «perjudicarles»- para trasladarles el respaldo del gobierno valenciano. Estos contactos ha asegurado están siendo «muy fructíferos» y «satisfactorios» para «su permanencia en la región, desarrollo e incluso para la llegada de nuevas».
Del mismo modo, Mazón ha realizado un llamamiento público a todas las empresas catalanas “que busquen un espacio de confort, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos y con un entorno amable y positivo y no de multas y coacciones» para que vengan a la Comunitat Valenciana a «crear empleo y desarrollarse”.
«Toda nuestra capacidad legal»
Una posición que también comparte la alcaldesa de València que ha asegurado que la medida de Junts supone «saltarse todas las líneas rojas que existen en nuestro país» y un «insulto a la Constitución española».
«Es inconstitucional e ilegal» ha precisado Catalá, que también ha confesado que esta «alarmada y alertada» porque esto «vulnera la libertad de empresa» que «forma parte de la libertad y el derecho fundamental de los españoles para venir, casarse o desarrollar su proyecto empresarial donde quiera». «Es claramente inconstitucional» ha reiterado.
«Vamos a proteger y defender a toda empresa valenciana que se haya instalado aquí. Tienen todo nuestro respaldo y capacidad legal para defenderles», ha asegurado la dirigente local.
