La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha desestimado este jueves la petición de la mercantil Sineasen de suspender provisionalmente el acuerdo de gobierno del pasado mes de julio que dejaba sin efecto el proyecto impulsado por el anterior gobierno para instalar una base de datos en los Docks de La Marina.
Así lo ha explicado el concejal de Grandes Proyectos y Patrimonio, José Marí Olano, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de este jueves, en la que también ha explicado que el recurso no se ha desestimado y está a la espera de que la asesoría jurídica municipal emita un informe en las próximas semanas.
“Una actividad de centro de datos puede estar en cualquier sitio de menor importancia estratégica para la ciudad y que no sea un edificio singular, emblemático y dotado de protección patrimonial por el planeamiento vigente. No creemos que un centro de datos tenga que estar en un edificio singular y protegido como este” ha asegurado Olano, que con ello descarta que el futuro de este espacio pase por albergar un centro de datos.
Sobre si hay un “plan alternativo” para este espacio protegido, el concejal responsable ha explicado que “lo habrá cuando haya un plan alternativo para toda La Marina. Los Docks es indivisible e inseparable de todo el espacio de la Marina y ahora mismo está afectado por una complejidad jurídica tremenda”.
En este sentido ha recordado que para “desatascarla” no solo es necesaria la decisión del Ayuntamiento, sino también de la Autoridad Portuaria de València (APV) que tiene una presidencia provisional, así como de Puertos del Estado, que también al estar el gobierno en funciones.
También ha asegurado que “todavía tardará en adoptarse una solución jurídicamente sólida y viable” para todo el espacio de la Marina. “La solución de los Docks estará armonizada con la solución a todo el espacio de la Marina” ha añadido.
Descartada la declaración de interés público
Del mismo modo, también se ha dejado sin efecto la declaración de interés público del centro de datos porque “no tenía ninguna fundamentación jurídica” y carecía de argumentos. Además, Olano ha señalado que “no se había tenido en cuenta que los Docks es un edificio cedido por la Autoridad Portuaria y tiene que ajustarse a las normas que regulen la cesión de bienes. Si hubiera una interpretación distinta por parte de la Abogacía del Estado, puede dar lugar a que el asunto se judicialice. No es de interés público probar el conflicto entre administraciones“.
“Existen informes contrarios de la Autoridad Portuaria y no vamos a tirar hacia delante tapándonos los ojos – como el anterior gobierno – y decir que no vemos nada porque tenemos nuestro caminito. No es bueno ni jurídicamente ni administrativamente” ha manifestado el edil.
