La Generalitat ha adjudicado desde la Dana del 29 de octubre cerca de 400 contratos de emergencia a un total de 296 empresas para la reconstrucción de las zonas afectadas en la provincia de Valencia, según ha apuntado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, en respuesta a una interpelación del PSPV en el pleno de Les Corts.
Durante su intervención, el diputado socialista Toni Gaspar ha hecho notar que el Consell “no se plantea dejar de utilizar” la contratación de emergencia para la reconstrucción, cuando es una fórmula que a su juicio “debe estar muy bien justificada”.
“Continuar con los contratos de emergencias seis meses después demuestra un déficit organizativo y de planificación por parte del Consell”, ha aseverado, y ha preguntado a la consellera si “piensan publicar los contratos que están adjudicando a dedo como dice la Abogacía” de la Generalitat.
Gaspar ha indicado que hay otros procedimientos simplificados de contratación más allá de los de emergencia, al tiempo que ha advertido del “riesgo de corrupción y malas prácticas” con esta vía. Dicho esto, ha destacado las críticas que realizaba Merino a los contratos de emergencia cuando formaba parte de Ciudadanos.
Y ha advertido: «No hace falta tener una bola de cristal para darse cuenta de la tragedia, que vendrá por el bolsillo, con los contratos de emergencia», algo que ha relacionado con «el PP de siempre».
«No es una opción, sino una obligación»
En su respuesta, la consellera ha defendido que «hoy sigue siendo necesaria la contratación de emergencia», una fórmula que ha recordado que está contemplada por la Ley de Contratos del Sector Público para situaciones excepcionales y urgentes. “La acción pública no es una opción, sino una obligación: acelerar la reconstrucción, garantizar liquidez y proteger el empleo”, ha aseverado.
Según ha explicado, las contrataciones realizadas han permitido actuar “de forma inmediata” sobre infraestructuras críticas afectadas, como líneas ferroviarias, estaciones de metro, sistemas de saneamiento, carreteras, centros educativos y servicios públicos esenciales.
La titular de Hacienda ha garantizado que “todas y cada una de estas contrataciones” se han llevado a cabo “con total transparencia, bajo control de Intervención y comunicando al Consell en los 30 días de plazo” establecidos para esta modalidad, al tiempo que ha criticado que al PSPV solo le interesen «algunas» de las casi 300 empresas con las que se ha contratado.
Además, ha indicado que el Gobierno ha recurrido a este tipo de contratación para reparar daños de la dana y ha citado como precedente la gestión de la pandemia por parte del anterior Consell del Botànic, «por valor de 254 millones de euros durante 14 meses después», y entonces la oposición fue «más constructiva y colaborativa». Por eso se ha preguntado si la motivación de la interpelación “no es tanto con qué empresas se contrata, sino quién gobierna en cada momento”.
«Poner a cubierto al Consell»
“El problema es que tenemos memoria”, ha replicado el diputado del PSPV, que ha instado a la consellera a decir “ya está bien los contratos de emergencia” y a “poner a cubierto al Consell” porque “están abriendo las puertas del infierno”.
En esta línea, ha aconsejado a Merino revisar «uno a uno» los contratos de emergencia, al considerar que «hay muchos contratos de emergencia que se podrían haber planificado en noviembre y adjudicar de forma ordinaria».
Como réplica, la titular de Hacienda ha insistido en que los socialistas «pueden estar tranquilos», porque «la transparencia siempre va a estar ahí» en estos contratos. También ha aludido a la dificultad de iniciar determinados trabajos por la necesidad de retirar previamente elementos dañados.
Sin querer «dar nombres» de empresas, ha resaltado que el Ministerio de Transportes ha contratado «recientemente» con algunas de ellas, como también ha asegurado que lo hizo la Diputació de València cuando la presidía el propio Toni Gaspar. «Para cosas raras, raras estuvo ese contrato de (la exconsellera) Rebeca Torró con un empresario chino», ha añadido en alusión a un contrato de material de emergencia durante la pandemia.
Previamente, en respuesta a una pregunta formulada por Compromís sobre los contratos de emergencia por la Dana adjudicados a “empresas vinculadas a delitos” durante anteriores gobiernos del PP, la consellera ha defendido que todos están “ajustados a la normativa” y “a disposición de todas las administraciones”, por lo que ha acusado a los valencianistas de “generar una alarma infundada”.
