miércoles, 23 abril 2025

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La Generalitat solicita personarse en la causa abierta sobre la gestión de la DANA

Según la institución autonómica el objetivo es 'garantizar la defensa de los intereses de los valencianos'

El Ejecutivo autonómico liderado por Carlos Mazón ha solicitado formalmente personarse en el procedimiento judicial que analiza la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. La petición se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza la causa, con el objetivo de «garantizar la defensa de los intereses de los valencianos».

La solicitud se basa en que dos ex altos cargos del anterior gobierno, Salomé Pradas (ex consellera) y Emilio Argüeso (ex secretario autonómico), están imputados en el caso. Ambos deberán comparecer como investigados este viernes. La Generalitat plantea que, de confirmarse una responsabilidad penal, podrían derivarse consecuencias civiles que recaerían subsidiariamente sobre la administración, según lo estipulado por el artículo 121 del Código Penal.

Esta normativa establece que las administraciones públicas deben asumir la responsabilidad civil derivada de actos delictivos cometidos por sus funcionarios o autoridades durante el ejercicio de sus funciones, si se demuestra que el perjuicio fue consecuencia directa de la gestión de los servicios públicos.

De ser aceptada por la jueza, la Generalitat podrá acceder a toda la documentación judicial y presentar recursos, participando activamente en el proceso.

Mientras tanto, la magistrada ha rechazado nuevamente citar al presidente Mazón como testigo, basándose en que no asumió el mando operativo durante la crisis. Este argumento ya había sido utilizado en una resolución anterior. La jueza subraya que el Consell es el máximo órgano de coordinación de protección civil en la Comunidad Valenciana, aunque el Mando Único de las emergencias recae específicamente en la Conselleria competente.

En sus últimos autos, la jueza ha criticado la ausencia de avisos adecuados a la población durante la emergencia, lo que, según su análisis, impidió que muchas personas pudieran protegerse. También señaló como tardía e ineficaz la alerta enviada a los teléfonos móviles, ya que no evitó las muertes registradas en domicilios, garajes y la vía pública.

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