El director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Francisco Pérez, ha anunciado que el Gobierno autonómico ejercerá su derecho de rectificación ante RTVE tras la emisión de una información que consideran “rotundamente falsa”. En el informativo regional del 26 de febrero de 2025, la cadena pública afirmó que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se encontraba en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) antes del envío de la alerta ES-Alert el pasado 29 de octubre, algo que la Generalitat niega categóricamente.
Según fuentes del Ejecutivo valenciano, ya se ha remitido al juzgado de Catarroja un informe oficial que certifica, con pruebas documentales y datos verificados, que el president Mazón no estuvo en el CECOPI entre las 17:00 y las 20:11 del 29 de octubre. Este documento está respaldado por el responsable de las cámaras de vigilancia del centro de emergencias del 112 en La Eliana, quien ha confirmado, con imágenes, que Mazón no se encontraba en esas instalaciones en el momento señalado.
La Generalitat exige una rectificación inmediata
Francisco Pérez ha explicado que la Generalitat se acoge a la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para solicitar que TVE corrija la información errónea. “Exigimos a RTVE una rectificación inmediata en los términos que marca la ley. No se puede difundir información que no se ajusta a la realidad, más aún cuando hay pruebas que desmontan por completo lo que se ha afirmado en el informativo”, ha declarado.
Asimismo, ha recordado que el artículo 2 de la citada ley establece la obligación de los medios de comunicación de rectificar información incorrecta cuando una persona o institución lo solicite formalmente y se aporten pruebas que justifiquen la petición.
Posibles acciones legales si no se rectifica la información
Desde el Gobierno autonómico han advertido de que, si RTVE no atiende el requerimiento de rectificación o no difunde la versión correcta en las condiciones establecidas por la legislación vigente, se estudiarán acciones legales.
“Nos reservamos el derecho a emprender las correspondientes acciones ante los órganos jurisdiccionales competentes, con independencia de las medidas que puedan tomarse contra la fuente que haya originado la falsedad”, han señalado desde la Generalitat.
Este nuevo episodio se enmarca en la polémica generada en torno a la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre y la responsabilidad de las administraciones en la gestión de la crisis. La Generalitat ha insistido en que la información sobre la actuación del president Mazón debe basarse en datos oficiales y contrastados, evitando tergiversaciones que puedan confundir a la ciudadanía.
