La Generalitat atiende a 481 mujeres víctimas de violencia en su red residencial durante 2025

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La red autonómica suma 31 recursos especializados, aloja también a 366 menores y roza las 100.000 pernoctaciones en un año

La red de recursos residenciales especializados en atención a víctimas de violencia gestionada por la Generalitat ha atendido a 481 mujeres durante 2025 y ha registrado cerca de 100.000 pernoctaciones. Además, estos centros han alojado a 366 menores, hijos e hijas de las víctimas, según ha avanzado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

La responsable autonómica ha puesto el foco en el refuerzo de la atención asistencial y profesional en esta red, integrada por 31 centros entre Centros de Emergencia, Centros de Recuperación Integral y viviendas tuteladas. En este contexto, ha subrayado que estos espacios resultan clave para la protección y la recuperación de las mujeres que sufren violencia. Camarero ha asegurado que «en estos centros no solo se protege, se reconstruyen proyectos de vida».

La vicepresidenta ha dado a conocer estos datos durante una visita a uno de los centros residenciales vinculados a la Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, donde ha reivindicado la colaboración entre la administración autonómica y las entidades sociales para garantizar la atención, la protección y la recuperación integral de las víctimas.

La Generalitat ha destinado en 2025 un presupuesto de 13,8 millones de euros para la gestión de esta red de recursos residenciales dependientes del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

Atención especializada y más plazas disponibles

La red autonómica se ha ampliado con seis nuevos recursos de atención especializada para víctimas de violencia sobre la mujer. En concreto, se han puesto en marcha tres nuevos Centros de Crisis para agresiones sexuales, el Centro Mujer de Elche y dos nuevos centros residenciales, mediante acción concertada, para víctimas de violencia, trata y explotación sexual.

Esta ampliación ha permitido elevar de 362 a 374 el número de plazas disponibles en la Comunitat Valenciana y consolidar una red formada ya por 31 recursos residenciales. Camarero ha incidido en «el incremento de los recursos profesionales y asistenciales destinados a mejorar la atención y protección de las víctimas» y ha defendido la importancia de seguir reforzando estos servicios para favorecer la autonomía y la inserción social de las mujeres atendidas.

Los centros residenciales especializados acogen a mujeres víctimas de violencia de género y de explotación sexual en ámbitos de prostitución o trata, tanto solas como acompañadas de sus hijas e hijos menores. Su finalidad es cubrir necesidades básicas de alojamiento y manutención, además de prestar apoyo psicológico y social para ayudarles a superar la situación de violencia y avanzar en su reintegración.

Por provincias, la de Valencia concentra 17 recursos residenciales y 192 plazas. Alicante dispone de nueve centros y 130 plazas, mientras que Castellón cuenta con cinco recursos y un total de 52 plazas para la atención de las víctimas y sus hijos e hijas.

Mejora de contratos y refuerzo de la red asistencial

La vicepresidenta también ha defendido la decisión del Consell de licitar los centros mujer y las residencias cuyos contratos estaban caducados, algunos de ellos desde 2019 y licitados por última vez en 2015. Según ha explicado, esta medida busca mejorar la prestación del servicio e incrementar los medios personales y profesionales destinados a la atención de las víctimas.

Camarero ha remarcado el compromiso del Gobierno valenciano con el fortalecimiento de los servicios públicos para garantizar a cada mujer víctima de violencia y a sus hijos e hijas «un tratamiento integral y personalizado sobre su situación de violencia». En la misma línea, ha apostado por seguir avanzando en la mejora continua de la red asistencial.

En la recta final de su intervención, la consellera ha apelado a la implicación de instituciones, asociaciones, familias y del entorno social y afectivo de las víctimas para «romper el silencio y continuar consolidando y mejorando los sistemas de protección y asistencia».


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