La portavoz de política social del GPP, Elena Bastidas, ha anunciado que el su grupo ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Les Corts “en la que se rechaza la Ley del Solo sí es sí y se insta a Pedro Sánchez a destituir a la ministra de Igualdad, Irene Montero“.
Así, Bastidas ha explicado que “en esta ley se introduce una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados agresión sexual cuando con anterioridad se dividían, en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales”.
“Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos, especialmente lesivos para las mujeres y menores, se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por este tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, lo que conlleva aumentar el dolor de las víctimas”.
La diputada popular ha recordado que “la entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de numerosas sentencias. En julio de este año 2023 ya se contabilizaban en España, al menos 1.155 rebajas y 117 excarcelaciones, y de ellas 148 rebajas y 13 excarcelaciones en la Comunitat Valenciana”.
Bastidas ha denunciado que “la rectificación la ley está en vigor, pero no impide las revisiones. La ley del ‘sí es sí estuvo vigente seis meses en su redactado inicial. Suficiente para que puedan acogerse todos los condenados antes de que llegase y todos los que delinquieran en ese periodo.
La portavoz de política social del GPP ha asegurado que “esta rebaja de las condenas se traduce en una revictimización de las mujeres agredidas, que ven como sus agresores salen beneficiados y van a salir antes de prisión sin cumplir la condena inicial a la que fueron sentenciados. Lejos de reconocer el grave error cometido y mostrar voluntad de rectificar, la ministra de Igualdad sigue elogiando la ley y arremete contra la justicia y los jueces tildándolos de machistas, algo absolutamente inadmisible que solo contribuye a minar la confianza de las víctimas en la justicia, aumentando así su desprotección”.
