La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que “se personará como acusación en los procedimientos sobre delitos de odio”, con el objetivo de “fomentar la igualdad real y efectiva”.
Así lo ha afirmado en su primera intervención en Les Corts, donde ha anunciado que auditará la gestión de los centros de menores en la Comunitat, así como su deseo de ‘revisar y actualizar’ el pacto valenciano contra la violencia de género.
La dirigente popular ha hecho hincapié en “el compromiso que tiene el nuevo Ejecutivo autonómico” sobre “la lucha contra la violencia de género”, término que ha empleado en reiteradas ocasiones a diferencia de su socio de gobierno que lo califica como ‘violencia contra la mujer’.
Además, ha cerciorado su compromiso en tres grandes áreas y direcciones generales: Igualdad, instituto de las mujeres, comisionado en la lucha contra la violencia contra la mujer y la diversidad. A este respecto, ha adelantado que se trata de un departamento que se mantiene con el mismo nombre, estructuras y competencias que la legislatura pasada pero “que se ampliará creando un comisionado contra la violencia sobre la mujer, con rango de Dirección General”. Es decir, como un organismo asimilado “a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad”.
Por todo esto, ha adelantado que “han reforzado” la estructura de la dirección general de igualdad para impulsar “la igualdad de oportunidades, la conciliación, la corresponsabilidad, la lucha contra la brecha salarial y el techo de cristal y la promoción de las mujeres”. Todo ello con el ánimo de conseguir acabar “con las desigualdades que existen en la sociedad”.
Durante su intervención, también ha hecho referencia a la violencia sexual y la trata como “uno de los grandes problemas de esta sociedad”, ya que cada vez “afecta a más jóvenes, siendo más cruel y dolorosa”. Por ello, “no podemos olvidar a las víctimas de trata por eso continuaremos reclamando tras cinco años una Ley Nacional”.
Crear una Ley del Voluntariado y del Tercer Sector
La consellera ha abogado por que haya “menos burocracia, ideología y parálisis” y una “mejor gestión y respuesta a las necesidades de las personas”. Para ello, propone crear “un marco jurídico claro y solvente”.
A este respecto, ha anunciado que van a impulsar una nueva ley, que “reconozca las entidades del tercer sector como esenciales”, que les permita “desarrollar su trabajo con confianza, seguridad y garantía”, ha detallado.
En segundo lugar, ha asegurado que también se instaurará una Ley del Voluntariado “que reconozca a este sector y que permita actualizar la anterior”.
Dependencia: ‘El caballo de batalla de la izquierda’
En cuanto a la dependencia, uno de los grandes temas de su discurso, ha afirmado que se trata “del caballo de batalla de los partidos de la izquierda durante años”, ha alegado ya que “queda mucho por hacer” pues las listas de espera para cobrar la prestación, “son aún muy altas”, afirma.
Asimismo, ha denunciado que a pesar de que la ley obligue a pagar “el 50% de los gastos de las comunidades autónomas” durante estos últimos 8 años del Botánic, “ha hecho una media de aportación que no ha llegado al 15%”.
Por ello, este nuevo equipo de gobierno “ha ampliado el crédito de la dependencia en más de 39.000.000 millones de euros”, lo que permitirá a 11.450 personas “poder cobrar sus prestaciones”, ha afirmado.
‘Mayor atención’ de niños y adolescentes en riesgo
No obstante, los menores, debido sobre todo al asunto polémico que giro en torno al Botánic, ha sido sin duda el tema que ha marcado el eje argumentario de su intervención. A este respecto, ha reiterado que es otra “de nuestras prioridades” tanto “la infancia como la adolescencia” y ha afirmado que se siente “preocupada” por los centros de menores, en cuanto “al estado de infraestructuras y a la necesidad de ampliar el número de plazas”.
Por ello, ha anunciado la creación de un protocolo de “detección, valoración e intervención” para “la atención de niños y adolescentes en situaciones de riesgo”. Además de crear un “itinerario de formación” para los más de 250 trabajadores de este ámbito que recibirán un curso en materia contra la violencia sexual en la infancia, todo ello con el objetivo de crear “entornos seguros en el sistema de protección de la Comunitat Valenciana”.
A este respecto, se ha comprometido “no solo a aumentar plazas o mejorar infraestructuras” si no a “poner atención en la mejora de la atención y asistencia de estos centros”. Para ello, “auditarán la gestión de los centros de menores”, sobre todo de aquellos que más preocupación “han despertado en el Síndic del Greujes”.
