España ha rebasado la barrera de las 300.000 hectáreas forestales quemadas en los nueve primeros meses de 2026, mientras el Gobierno ha pedido a la Unión Europea activar el Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a unos daños directos superiores a 3.500 millones de euros derivados de los incendios de este verano.
Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la superficie calcinada hasta el 1 de octubre se sitúa en 300.998 hectáreas. Esta cifra multiplica por más de tres la media de las últimas dos décadas para estas fechas, que asciende a 88.788,45 hectáreas.
EFFIS, integrado en el servicio europeo Copernicus, ha elaborado estas estimaciones a partir de imágenes por satélite. Sus resultados no siempre coinciden con los registros sobre el terreno que facilitan los gobiernos nacionales, pero permiten comparar campañas y detectar tendencias.
La evolución del verano ha confirmado la virulencia de los fuegos de este año. Solo entre el 21 de junio y el 23 de septiembre se han arrasado alrededor de 260.000 hectáreas forestales en España, según las mismas fuentes.
Si se compara con otros años especialmente graves, las cifras actuales se sitúan entre los episodios más serios de las últimas décadas. Informes anuales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) recogen que en 1985 ardieron 484.476 hectáreas; en 1978, 439.526; en 1994, 437.635; en 1989, 426.693, y en 2025 se llegó a 354.747 hectáreas.
Entre los grandes incendios recientes figuran fuegos repartidos por buena parte del territorio. En Málaga, el incendio de Igualeja y Parauta ha obligado a confinar ambos municipios y evacuar de forma preventiva a decenas de personas, y ha llegado a amenazar el entorno del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
En Navarra, el incendio de Leitza-Ezkurra se declaró el 27 de septiembre y ha requerido la intervención de bomberos y helicópteros del Gobierno de Navarra, además de otros medios aéreos. En Cáceres, el fuego de Robledillo de la Vera ha llegado a activar el nivel 1 de peligrosidad.
En la Comunitat Valenciana, el incendio de Tuéjar se ha situado entre los últimos grandes incendios forestales del año. Este fuego ha afectado a zonas de alto valor ambiental en el interior de la provincia de Valencia y ha obligado a desplegar amplios recursos de extinción.
A escala de la Unión Europea, los incendios forestales han afectado hasta el 1 de octubre a 686.071 hectáreas, según EFFIS. Solo durante la última semana se han quemado 2.659 hectáreas y se han registrado 16 incendios de al menos 30 hectáreas en el conjunto de la UE.
Solicitud del Fondo Europeo de Solidaridad
En paralelo a estos datos, el Ministerio de Hacienda ha remitido a la Comisión Europea una solicitud formal para activar la ayuda prevista en el Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE). El objetivo es atender a los afectados por los incendios forestales de este verano en España y contribuir a paliar unos daños cuyo impacto directo en los territorios afectados se ha elevado a 3.545,57 millones de euros.
En un comunicado, Hacienda ha explicado que la carta enviada a Bruselas se ampara en ‘la excepcional gravedad de estas catástrofes’. El Gobierno ha subrayado que los fuegos han afectado a toda la geografía nacional, con especial incidencia en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Aragón, y que las áreas más perjudicadas han sido las naturales y rurales.
El Ejecutivo ha recordado que, desde el 9 de julio de 2026, cuando se inició el incendio de Los Gallardos en Almería, se han sucedido grandes incendios forestales de ‘extraordinaria magnitud’. Estos siniestros se han desarrollado en un contexto meteorológico ‘excepcionalmente adverso, caracterizado por temperaturas persistentemente elevadas‘.
Según ha remarcado el Ministerio de Hacienda, este verano ha sido el más cálido registrado en España desde el inicio de la serie histórica en 1961. Además, se han encadenado varios episodios de olas de calor, lo que ha favorecido la propagación rápida del fuego y ha dificultado los trabajos de extinción.
En su misiva, el Ejecutivo ha insistido en la ‘excepcional gravedad’ de estas catástrofes, que en algunos casos han provocado la pérdida de vidas humanas. En total, los incendios han causado 16 fallecidos.
Entre los fuegos más relevantes que recoge la petición destacan los de Los Gallardos (Almería), Orés–Cinco Villas (Zaragoza), La Mierla (Guadalajara), la sierra oeste de Madrid, Burgohondo y Navaluenga (Ávila), La Vall d’Uixó (Castellón) y Niebla (Huelva). En conjunto, estos incendios han afectado, según estimaciones de EFFIS-Copernicus, a más de 170.000 hectáreas.
El Ejecutivo ha recordado que alguno de estos fuegos, como el registrado en la sierra oeste de Madrid y el sur de Ávila, motivó el 23 de julio de 2026 la primera declaración de emergencia de interés nacional por incendio forestal de la historia de España. Ese episodio también dio lugar a la solicitud de asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Impacto económico, ambiental y social
Hacienda ha detallado que estos incendios han ocasionado daños muy amplios en espacios forestales, explotaciones agrarias, infraestructuras y numerosos núcleos de población. Las llamas han obligado a evacuar o confinar a decenas de miles de personas y han alterado de forma abrupta el día a día de muchas comunidades rurales.
Según el Ministerio, el impacto ha sido ‘muy significativo’ en áreas naturales y rurales, hasta el punto de que ‘ha puesto en peligro ecosistemas decisivos’ para la supervivencia de especies amenazadas. Además de la pérdida de cubierta vegetal, se han visto afectadas actividades económicas ligadas al campo, al turismo y a los recursos forestales.
En la carta enviada a la Comisión, Hacienda cifra los daños directos en las 14 regiones afectadas en 3.545,57 millones de euros. El coste estimado de las operaciones elegibles con cargo al FSUE, conforme a la normativa comunitaria, se sitúa en 190,68 millones de euros.
El Ministerio ha subrayado que la magnitud de estos incendios ha obligado a desplegar importantes recursos de emergencia y protección civil por parte de todas las administraciones públicas. Se han movilizado medios humanos, técnicos y financieros extraordinarios desde el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Estas administraciones han puesto en marcha actuaciones para proteger a la población, combatir los incendios y minimizar sus efectos. Después, han tenido que destinar recursos a la recuperación de las zonas siniestradas, la atención a las personas afectadas y la restauración de servicios e infraestructuras dañadas.
Así, el Gobierno entiende que se cumplen los requisitos para activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea como catástrofe natural regional. En la solicitud también se ha pedido el pago de un anticipo del Fondo, con el fin de disponer cuanto antes de liquidez para financiar las actuaciones urgentes.
Uso del Fondo Europeo de Solidaridad
El Ejecutivo ha recordado que España ha recurrido en los últimos años al FSUE para distintas catástrofes naturales. Entre ellas figuran la dana de octubre de 2024, que afectó de forma especial a la provincia de Valencia, los graves incendios forestales del verano de 2025, con fuerte impacto en Galicia y Castilla y León, y las borrascas de enero de 2026, que causaron importantes daños en Extremadura y Andalucía.
Una vez registrada la solicitud, la Comisión Europea evaluará si se cumplen las condiciones para la intervención del Fondo. Deberá determinar en un plazo máximo de seis semanas, a partir de la recepción de la solicitud, el importe de la contribución financiera.
La decisión final para movilizar estos recursos corresponderá al Parlamento Europeo y al Consejo, que tendrán que aprobar de forma conjunta la ayuda.
El objetivo del Fondo Europeo de Solidaridad es complementar los esfuerzos de los Estados afectados por grandes desastres naturales y emergencias graves. Para ello, financia parte del gasto público destinado a operaciones urgentes de primera necesidad y a las tareas de recuperación tras la catástrofe.
