La presión vecinal ha surtido efecto. El Ayuntamiento de València bonificará los alquileres municipales de Aumsa para que los inquilinos no paguen más del 25% de la renta de la unidad familiar. Así lo ha avanzado la alcaldesa de València, María José Catalá, a los vecinos y vecinas que se han concentrado frente a la Diputación de València -donde se celebran los plenos municipales- para protestar por la subida del precio de los alquileres públicos.
Esta medida será con carácter retroactivo desde el 1 de enero y tiene el objetivo, según ha explicado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, de “ayudar a las familias que tienen dificultades económicas”. Así pues, el gobierno municipal revisará las condiciones y asumirá todo aquello que exceda del 25% de la renta.
“No dejamos a nadie atrás y tratamos de establecer un criterio que iremos ajustando con el tiempo para poder beneficiar a todas las familias que tienen una necesidad real”, ha manifestado Caballero, que también ha criticado la situación de alquiler que vive la ciudad y que solo se hayan adjudicado 31 viviendas en ocho años de gobierno del Rialto pese a haber más de 1.300 familias esperando para lograr una vivienda de alquiler asequible en Valencia.
Esta medida se ha aprobado a través de una moción en el pleno municipal de este lunes con los votos a favor de los partidos que conforman el gobierno municipal, PP y Vox, y con la abstención de Compromís y PSPV. Así pues, la empresa AUMSA, a través de una oficina que se pone en marcha esta semana, atenderá de manera individualizada a los inquilinos para dar soluciones a las familias que se encuentren en esta situación.
Se valorará la “vulnerabilidad” en las adjudicaciones
La moción también incluye la modificación del procedimiento de adjudicación de las viviendas en alquiler para valorar las situaciones de especial vulnerabilidad. Con ello se homogenizará criterios con las Bases Reguladoras del Procedimiento de Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda y del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler Asequible del Ayuntamiento de València de manera que se tenga en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, mayores de 65 años, entre 18 y 35 años, familias numerosas y monoparentales, víctimas de violencia de genero doméstica o terrorismo, miembros de la unidad de convivencia con dependencia o diversidad funcional, familias en situación de desahucio eminente o incluidas en programas de bienestar social”.
En este sentido hay que recordar que hasta este momento la empresa AUMSA adjudicaba, de forma ordinaria, las viviendas por orden de lista de espera, sin que en ningún momento se valorasen otros criterios que pudieran ayudas a familias más vulnerables. Con la modificación que se ha iniciado ahora, se crean 7 grupos de demanda que contarán con más puntuación en la baremación de las solicitudes.
Críticas de la oposición
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que “las personas que viven en las viviendas d’AUMSA no pueden pagar los precios que los han puesto ustedes y no pueden tratar la gente como clientes sino como ciudadanos porque el derecho a la vivienda es un derecho y AUMSA tiene que ser una herramienta útil para facilitar el acceso a la vivienda”.
Robles ha recordado que “la subida del alquiler se ha hecho sin preaviso y no figuraba en el presupuesto y todo esto pasa porque emplean la gerencia de AUMSA y de las entidades para pagar favores”.
Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha afirmado que “el gobierno municipal ha hecho el ridículo, el ridículo más espantoso, porque lo que pretendían hacer no lo pueden hacer porque el reglamento impide el sablazo”. Gómez se ha preguntado “por qué a la vez que aprobaban a bombo y platillo una reforma fiscal para reducir el IBI, dejaban sin bonificaciones el precio público de las viviendas de alquiler”.
Bonificaciones por 70.000 euros
Durante el debate de las mociones, también ha intervenido el presidente de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública, Ximo Mora, quien ha defendido que la vivienda es un derecho y que con la decisión del ayuntamiento se estaba haciendo daño a muchas familias. “El palo que nos habéis dado es inmoral. No se puede permitir este abuso de incremento de precios” ha indicado Mora.
Igualmente, ha señalado que las bonificaciones al alquiler de los pisos municipales cuestan al consistorio 70.000 euros anuales frente “a los 70 millones que dejará de ingresar en 2024 porque han bajado el IBI a los propietarios de vivienda que tengan el Iprem entre uno o un millón. Mientras que las viviendas de AUMSA son para los vecinos y vecinas que tienen un IPREM entre el uno y el 4,5”. “Esta situación se tiene que arreglar, hay muchas familias que confían en el Ayuntamiento“, ha concluido.
