El Gobierno autonómico ha aprobado este martes un contrato de emergencia por el que el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) completará inspecciones de seguridad en un total de 30.000 viviendas dañadas por la dana y las inundaciones del 29 de octubre. El Pleno extraordinario del Consell destina 4,5 millones de euros a este servicio. Se incluye en este presupuesto el coste del apuntalamiento de 200 casas.
Además, la Generalitat ya ha realizado la inspección de seguridad de 461 de los 885 garajes inundados con lodo, según el listado aportado por la Diputación de Valencia. Los 424 restantes serán revisados antes de que acabe el mes de mayo, según ha apuntado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero.
En total, se calcula que los técnicos del IVE redactarán 15.000 informes relativos a la seguridad de edificios residenciales.
Conflicto Consell-Gobierno por las inspecciones
En este punto también ha habido conflicto entre el Consell y el Gobierno de España. La vicepresidenta no ha perdido la ocasión de criticar la gestión de la Administración central. “En las primeras semanas, en las que la coordinación era real, el IVE se hacía cargo de las inspecciones y el Gobierno las abonaría”, relata Camarero.
Pero en determinado momento, “el Gobierno de España decidió no abonar aquellas inspecciones de edificios que contaban con un seguro”. De esta manera, en opinión del Consell, “establecía dos niveles de ciudadanos” y la Generalitat considera que no se podía esperar a que el consorcio de seguros pagara las indemnizaciones. Por eso, como medida preventiva ante posibles riesgos de derrumbe, el IVE continuó con todas las revisiones necesarias en viviendas dañadas por la dana.
Demolición completa de al menos 67 viviendas
Por otro lado, dentro del proyecto de ayudas para demoliciones de edificios arrasados por las inundaciones, la Generalitat prevé inicialmente el derribo completo de 67 viviendas. El pasado fin semana ya anunció las ayudas para afrontar los gastos de demoliciones, que serán de un máximo de 16.000 euros por casa. El presupuesto inicial es de 700.000, pero podría ser ampliado, ha avanzado Camarero.
Desafío por la Ley de Concordia
Con respecto a la Ley de Concordia, el Consell no ha actuado en el plazo aportado por el Gobierno central para “negociar” el contenido de la Ley autonómica de Concordia, que sustituye a la Ley de Memoria democrática.
La Administración central propuso pactar el contenido de esa ley, a la vez queadvrtía de presentar un recurso al Constitucional. Camarero ha confirmado que el Consell no ha respondido al envite lanzado desde Madrid.
De este modo, fuerza al Gobierno a presentar el recurso de inconstitucionalidad. “La Ley de Concordia es una buena ley y el Gobierno de España ataca la autonomía de las comunidades. Vamos a seguir desarrollando una ley en la que creemos”, ha argumentado Susana Camarero.
Llamadas de teléfono el 29-O
La portavoz, a preguntas de los medios, ha considerado “irrelevante” el número de llamadas que el presidente Carlos Mazón hiciera a Alberto Núñez Feijóo el día 29 de octubre.
Sí que ha comentado que ella misma no habló por teléfono con Mazón. Explica que estaba centrada en la protección de las residencias y centros de servicios sociales, que son su competencia directa.
Critica que la delegada del Gobierno y nueva líder del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, no hablara con la ministra de Transición Ecológica. Ni con el ministro del Interior. En este caso, supuso que no se evitaran saqueos de casas, comercios y empresas en las horas y días posteriores a las inundaciones.
