El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado por Valencia José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en mordidas por presuntos contratos irregulares de mascarillas.
El instructor ha dictado este lunes (día en que en el Supremo comienza el juicio al fiscal general del Estado) un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Indicios de delito
A lo largo de 47 páginas, el juez expone los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del conocido como caso Koldo, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde los tres están también imputados, junto al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, por el presunto reparto de comisiones en adjudicaciones de obra pública.
El juez apunta a un «concierto de voluntades entre los investigados», quienes, «aprovechando el cargo» de Ábalos en el Gobierno, «convinieron» que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama «a cambio del correspondiente beneficio económico» para los tres.
Por ejemplo, respecto a las mascarillas, el juez considera que Aldama habría logrado, con «información previa y privilegiada», y con la intermediación de Koldo para desbloquear la operación, que Soluciones de Gestión, empresa a la que representaba, obtuviese el encargo de 8 millones de mascarillas para Puertos del Estado -un pedido que se dobló en media hora- y de cinco para Adif en marzo de 2020.
Aldama obtuvo de esta operación comisiones y rendimientos que habría hecho llegar en compensación a Ábalos y a su asesor. A juicio del juez son «robustos» los indicios de que estos recibían retribuciones económicas en ejecución del «proyecto delictivo».
Pagos mensuales de 10.000 euros
Puente asegura que en el marco de esa relación entre los tres investigados, Aldama pagó 10.000 euros mensuales a Koldo desde octubre de 2019 hasta, al menos, 2021, a veces en presencia de Ábalos, quien también obtenía parte de esas cantidades.
Cuando no disponía de efectivo, los pagos se realizaron en República Dominicana, a donde se desplazó Joseba García, hermano de Koldo, al menos en dos ocasiones para recoger 10.000 dólares.
Además, con el propósito de garantizar a Ábalos el pago de las comisiones, Aldama concertó un contrato de alquiler con opción de compra «muy inferior al real de mercado» de un piso de su propiedad en el paseo de la Castellana de Madrid, que nunca llegó a abonarse ni a ser habitado por el exministro.
Gastos y gestiones para mujeres relacionadas con Ábalos
Aldama se hizo cargo de ciertos gastos del exministro, como el abono de 2.700 euros mensuales por la renta de un piso para Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Los pagos fueron efectuados por un socio del empresario y más tarde por Koldo.
Además, Ábalos habría desplegado su influencia para promover la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin superar ningún proceso de selección, sin que acudiera ni un solo día a los centros de trabajo y sin prestar actividad profesional, pero sí recibiendo sus correspondientes nóminas.
Ábalos y Koldo actuaron de la misma forma en la contratación de Claudia Montes en la empresa pública Logirail «con quien mantenían alguna clase de relación personal». En este caso, ella sí fue a trabajar durante los tres años que estuvo contratada.
Movimientos para el rescate de Air Europa y a favor de Villafuel
Respecto al rescate de Air Europa, el magistrado cree que el exministro pudo promover por encargo de Aldama la publicación de una nota de prensa de su ministerio mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que la mercantil obtuviera financiación pública.
A cambio, el exministro pudo haber disfrutado de forma gratuita de un chalet vacacional en Marbella (Málaga) para sí mismo y para su familia durante varios días, cuya renta formalizó la entonces esposa de Koldo con dinero procedente de Aldama.
Reuniones
Además, el juez cree que, con el visto bueno de Ábalos, Koldo García habría influido para concertar una reunión entre Claudio Rivas (socio de Aldama), Carmen Pano (la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE) y el jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, con objetivo de lograr licencia de hidrocarburos para Villafuel.
A cambio, una empresa controlada por Rivas adquirió en 2021 un chalet en Cádiz, conocido como ‘La Alcaidesa’, para alquilarselo a Ábalos, que solo abonó el mes de julio y la fianza, pero disfrutó del inmueble hasta noviembre, puesto que en diciembre la empresa reclamó la deuda al no fructificar el intento de lograr licencia.
El asesor de Ábalos habría influido además, con conocimiento del exministro, para que Aldama se reuniera con Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para buscar el aplazamiento de la deuda tributaria de una de sus empresas, que concluyó llevándose a término.
Además, Aldama y personas relacionadas con su entorno habrían podido moverse libremente durante la pandemia gracias a salvoconductos que elaboraba la secretaria personal de Ábalos, con conocimiento del exministro.
