La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha acordado incorporar al procedimiento el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Estas llamadas son correspondientes al 29 de octubre de 2024, día en que se produjeron las inundaciones.
El registro, ya remitido a la comisión de investigación de Les Corts a través de la Presidencia de la Generalitat, pasará ahora a formar parte del sumario.
El lunes, la magistrada del Juzgado de Catarroja acordó solicitar formalmente a Les Corts ese mismo listado. Esto se debe a que es considerado ‘un documento público’ al haber sido enviado a la Cámara autonómica.
Con esta decisión, la instructora busca que el material que ya está en sede parlamentaria se integre en la investigación judicial. Quiere hacerlo con las garantías propias del proceso penal y sin duplicidades.
Requerimientos a Bomberos
En una providencia hecha pública este viernes, la jueza también pide al Consorcio de Bomberos de Valencia. Les solicita que, en el plazo de tres días, remitan al juzgado la información que tenían el 28 de octubre de 2024 sobre la previsión de posibles inundaciones para el día 29.
Además, requiere que se especifique por qué vía se obtuvo esa información y si motivó la adopción de refuerzos de material y de personal en el operativo.
Reconstruir la cronología de decisiones
Estas diligencias buscan esclarecer con exactitud qué avisos se recibieron, cuándo y por qué canales. También quieren saber si se activaron medidas preventivas antes del episodio. La combinación del listado de llamadas del president con los datos operativos permitirá reconstruir la cronología de decisiones y la coordinación entre instituciones. Esto es esencial para las horas previas y durante la emergencia, elementos clave para valorar la gestión realizada.
El traslado del registro telefónico desde el ámbito parlamentario al judicial facilita su análisis bajo control jurisdiccional. Esto permite contrastarlo con otros testimonios y documentos aportados a la causa. Una vez recibidas las respuestas solicitadas y dentro de los plazos marcados, el juzgado podrá determinar si existieron previsiones suficientes. También evaluarán qué impacto tuvieron sobre los recursos movilizados.
