La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA vuelve a citar en calidad de testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. La nueva citación se produce después de la declaración de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que ha aportado detalles sobre las comunicaciones mantenidas durante el episodio de lluvias extraordinarias.
Folgado explicó ante el juzgado que el día de la DANA llamó al presidente de la Diputación para trasladarle que el barranco de Horteta estaba desbordado. Esta llamada se enmarca en la sucesión de avisos y gestiones realizadas durante la emergencia, en un momento en el que las precipitaciones provocaron un aumento repentino del caudal y un riesgo evidente para las zonas cercanas al barranco.
El testimonio de la alcaldesa sitúa al presidente de la Diputación como uno de los responsables institucionales informados en tiempo real de la magnitud del desbordamiento. A partir de este relato, la jueza busca aclarar qué información se compartió en esos momentos y cómo se coordinó la respuesta desde las distintas administraciones implicadas.
Nuevas diligencias y testigos
Además de la nueva citación a Mompó, la instructora ha acordado llamar a declarar como testigos a dos trabajadores de la cadena pública À Punt. Ambos estuvieron la tarde del 29 de octubre de 2024 en Catarroja y elaboraron una pieza informativa con el material audiovisual y los testimonios recabados durante esa jornada.
Esa pieza se emitió un año después, lo que refuerza el interés del juzgado por reconstruir con detalle qué ocurrió en tiempo real y qué imágenes y testimonios se recogieron en los momentos más críticos de la DANA. La jueza pretende utilizar estas declaraciones para contrastar los relatos ya existentes y obtener una visión más completa de cómo se desarrollaron los hechos sobre el terreno.
En paralelo, la magistrada ha ordenado que se recaben las llamadas relacionadas con la emergencia que recibió la alcaldesa de Torrent el 29 de octubre de 2024. Folgado ha dado su consentimiento para que se obtengan esos registros y se incorporen al sumario, un paso que permite revisar de forma objetiva los tiempos, la frecuencia y el contenido básico de las comunicaciones durante la crisis.
La incorporación de estos datos telefónicos al procedimiento facilitará comprobar qué avisos se realizaron, a qué administraciones se dirigieron y en qué momento, así como el nivel de coordinación entre los distintos responsables públicos. Con estas nuevas diligencias, la instructora trata de delimitar con mayor precisión la gestión de la DANA y el papel desempeñado por cada uno de los cargos y organismos implicados.
