La octava jornada del juicio por presunta corrupción contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos se centra en aclarar cómo funcionaba el sistema de pagos en efectivo del PSOE y qué papel jugaron varios cargos y exresponsables públicos en las gestiones vinculadas a los contratos de mascarillas durante la pandemia.
A lo largo del día está previsto que una decena de testigos comparezca ante el Tribunal Supremo en la causa en la que, junto a Ábalos, también se sientan en el banquillo el exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. A ambos se les atribuye su participación en presuntos amaños de contratos públicos de suministro de mascarillas en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, cuando la urgencia por conseguir material de protección abrió la puerta a adjudicaciones rápidas y a operaciones bajo sospecha.
La declaración de Ricardo Mar abre la jornada
El primero en declarar será quien fuera jefe de gabinete de Ábalos, Ricardo Mar, actualmente al frente de Paradores. Su declaración resulta relevante para los magistrados porque puede aportar detalles sobre el funcionamiento interno del departamento de Transportes en los meses en los que se firmaron los contratos investigados, así como sobre la relación cotidiana del ministro con sus asesores de máxima confianza.
Pagos en efectivo y dudas sobre su origen
Tras el testimonio de Mar, el foco se desplazará de forma más directa al PSOE, con la declaración del exgerente del partido Mariano Moreno y de una trabajadora de la formación. Ambos ya comparecieron durante la fase de instrucción y explicaron que el exasesor Koldo García era quien se encargaba de repartir el dinero en efectivo procedente de la caja destinada a las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización.
Según relataron en su día, esos fondos salían de una entidad bancaria y se utilizaban para atender pagos corrientes vinculados a la actividad interna del partido. Ese sistema, basado en el uso recurrente de metálico, despertó la atención del instructor al entender que podía facilitar movimientos poco transparentes, al ser más difícil de rastrear que las transferencias o los pagos electrónicos.
Las declaraciones de estos testigos generaron en el juez del Tribunal Supremo varias incógnitas sobre la naturaleza concreta de esos pagos, su justificación y el origen exacto de las cantidades que se manejaban en efectivo. Ante esas dudas, el magistrado decidió remitir la cuestión a la Audiencia Nacional, que mantiene abierta una investigación específica sobre el sistema de pagos del partido y sus posibles desvíos respecto al uso previsto.
La gestión atribuida a Carlos Moreno
Otro de los testigos clave de la jornada será Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero. Moreno admitió en la fase de instrucción que trasladó a un asesor una petición de Víctor de Aldama para aplazar una deuda de una empresa vinculada al comisionista. Este tipo de gestiones internas, en apariencia administrativas, son ahora analizadas al detalle para determinar si fueron simples trámites o si respondieron a presiones o promesas de contraprestaciones económicas.
Según ha sostenido Aldama, Moreno habría recibido 25.000 euros a cambio de esa intermediación, una versión que el exjefe de gabinete niega. La credibilidad de uno y otro y la existencia de posibles pruebas documentales o movimientos de fondos serán elementos determinantes para que el tribunal valore si esa supuesta entrega de dinero tuvo lugar o si se trata de una acusación sin respaldo suficiente.
Testigos de perfil institucional y empresarial
La lista de comparecencias se completa con perfiles de alto nivel institucional y empresarial. Está citado el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, hoy presidente del grupo Correos, cuya declaración puede aportar una visión más amplia sobre la cadena de decisiones en el ministerio durante la pandemia y sobre el margen de maniobra que tenían los responsables políticos frente a las propuestas de sus asesores.
También declarará la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, llamada a explicar desde la perspectiva fiscalizadora cómo se controlan los contratos públicos y qué alertas pueden activarse ante posibles irregularidades. Su participación puede ayudar al tribunal a encajar el funcionamiento ordinario de los mecanismos de control con lo ocurrido en los contratos investigados.
El papel de la empresa Soluciones de Gestión
El cuadro de testigos se completa con el empresario Juan Carlos Cueto, a quien la Fiscalía considera que controlaba la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión. Su testimonio es especialmente relevante para determinar cómo se articuló el negocio de las mascarillas, qué relaciones mantenía con los intermediarios y hasta qué punto la empresa actuó siguiendo las instrucciones de quienes ahora están acusados de amañar las adjudicaciones.
Con este conjunto de declaraciones, el tribunal busca avanzar en la reconstrucción detallada de la trama de contratos de mascarillas y del eventual uso irregular de dinero en efectivo vinculado al partido, elementos que resultan fundamentales para esclarecer las responsabilidades penales de cada acusado.
