El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su satisfacción por la sentencia ratificada en el Tribunal Supremo en la que se ha condenado definitivamente al agresor de una agente de la Policía Nacional en los calabozos de la Comisaría de Zapadores en Valencia el pasado mes de abril de 2021.
Esta sentencia del Supremo incrementa las penas establecidas en primera instancia por el Juzgado de lo Penal que atribuyó al condenado un delito de atentado contra la autoridad, que ahora gracias a los servicios jurídicos de JUPOL, ejercidos a través de Eugenio Mata de MATA Abogados, han logrado que la condena sea por los delitos de asesinato en grado de tentativa, atentado y lesiones, por la brutal paliza que el condenado propinó a una agente de la Policía Nacional de Valencia.
En concreto, se ha condenado al acusado a 12 años y 5 meses de prisión, 5 años de libertad vigilada, 600 euros de multa y una orden de alejamiento a la agente. En materia de responsabilidad civil el condenado deberá indemnizar a la policía nacional agredida con la cantidad de 101.889,05 euros, y al otro policía nacional que resulto agredido con la cantidad de 1.877 euros, más los intereses legales correspondientes.
La agente sufrió un traumatismo craneoencefálico, tres facturas mandibulares, varios hematomas en la cara y los brazos, tuvo visión borrosa durante cuatro días, cervicalgia y un cuadro de estrés agudo postraumático. Unas lesiones que le han dejado secuelas físicas y psicológicas por las que ha tenido que solicitar una adaptación de su puesto de trabajo al no poder llevarlo a cabo con normalidad.
Una condena importante para JUPOL, pero tras la que se mantiene la preocupación del sindicato por el aumento exponencial de las agresiones a policías nacionales en España, llegando a superar las 12.000 agresiones el año pasado, lo que demuestra el daño irreparable que se ha hecho al principio de autoridad por las penas irrisorias que en muchos casos se aplican a los agresores.
Desde JUPOL llevamos años reclamando una reforma legislativa con la que se endurezcan las penas para los agresores a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se establezcan las medidas y medios necesarios para evitar la desprotección de los agentes de la Policía Nacional.
