La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha visitado el Tribunal de Instancia de Catarroja, donde se ha reunido con su presidente, David Castellá Fernández, para trasladarle el compromiso de la Generalitat de garantizar que la jueza que instruye la causa de la DANA continúe contando con el mismo número de funcionarios durante el proceso de estabilización de plantilla.
Martínez ha asegurado que en el caso de Catarroja no se producirá una reducción de efectivos que afecte al trabajo del juzgado instructor. Según ha explicado, la magistrada dispondrá en todo momento del personal necesario para mantener la cobertura del servicio y seguir avanzando en la instrucción de la causa abierta por la riada.
La titular de Justicia también se ha interesado por las necesidades materiales que pudiera tener el juzgado, con el objetivo de poder atenderlas lo antes posible dentro del ámbito de sus competencias y una vez exista comunicación formal por parte del Letrado de la Administración de Justicia.
Estabilización de 200 plazas desde julio
Durante el encuentro, la consellera ha explicado con detalle el proceso de estabilización por el que 200 de los 438 refuerzos judiciales actuales distribuidos por los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana pasarán a ser estructurales a partir del 1 de julio de este año.
Martínez ha subrayado que esta medida permitirá consolidar un modelo de Administración de Justicia “más moderno, ágil y eficiente”, orientado a prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
Además, ha señalado que esta reorganización responde tanto al cumplimiento de la normativa vigente como a la necesidad de reducir la temporalidad en la Administración, reforzar la estabilidad de las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia. Según ha indicado, se trata también de una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales.
La consellera ha defendido que la transición se llevará a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en los ciudadanos.
Criterio de antigüedad para consolidar plazas
Martínez ha explicado asimismo que la identificación de las 200 plazas que se convertirán en estructurales se ha realizado siguiendo un criterio objetivo de antigüedad, dando prioridad a aquellos puestos que se han ido prorrogando de forma sucesiva con el paso del tiempo y que, por tanto, responden a necesidades permanentes.
A juicio de la responsable autonómica, la prolongación continuada de los refuerzos demuestra que buena parte de esas necesidades ya no son coyunturales, sino estructurales, por lo que resulta necesario consolidarlas como plazas estables.
De 38 refuerzos a 438 en una década
La consellera ha destacado también el fuerte incremento de personal de refuerzo experimentado por la Administración de Justicia en la última década. Según los datos facilitados, en 2015 había 38 refuerzos judiciales, con una inversión de 1,45 millones de euros, mientras que en 2025 la cifra asciende a 438 refuerzos, con un coste de 17 millones de euros.
Martínez ha calificado esta evolución como un escenario “insostenible” que ha derivado en una anomalía dentro del sistema público de Justicia.
Además, ha recordado que durante las dos legislaturas del Botànic el número de refuerzos se multiplicó casi por diez, al pasar de 38 en 2015 a 350 en 2023, con una inversión cercana a los 14 millones de euros.
Desde 2015, la Administración de Justicia ha recurrido a esta figura para hacer frente a sobrecargas de trabajo, acumulación de asuntos, macrocausas o implantación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la persistencia de estos refuerzos evidencia, según la Generalitat, que muchos de esos puestos responden ya a una necesidad estructural.
En este contexto, la Conselleria sostiene que los órganos judiciales superan ampliamente los módulos de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial, lo que refleja una sobrecarga permanente y refuerza la necesidad de consolidar parte de esos efectivos.
