La titular autonómica de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha señalado este viernes, 17 de mayo, que el nuevo Observatorio de Seguridad que hará frente a la criminalidad en la Comunitat nace para tener datos “absolutamente reales” que permitan analizar la situación y conocer qué medios se requieren. Es la diferencia “más sustancial” de los datos que proporciona en sus estadísticas el Gobierno de España porque “en muchos casos se nos se nos informa que los datos que se nos están dando desde el Ministerio son datos maquillados”.
Estas declaraciones se han efectuado en el transcurso de una visita a El Campello junto al vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, también compañero de VOX. La Conselleria de Justicia se interesó por concertar una cita en este municipio tras conocerse las últimas cifras del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior en el que se refleja un aumento, del 26,5% de delitos -un 93,8% referida a cibercriminalidad y un 12,2% a criminalidad convencional-.
Tras reunirse con el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, y el comisario jefe de la Policía Local, José Antonio Cano, Elisa Núñez se ha referido, entre otras cuestiones a la inmigración ilegal. Como ya ha venido haciendo el aparato del partido, la consellera se ha apoyado en la publicación del informe del Departamento de Seguridad Nacional de 2023 que concluye que este fenómeno es “uno de los grandes riesgos o amenazas que plantea la Estrategia Nacional de Defensa”.
Un “tema incómodo”, ha aseverado Núñez antes de recordar las cifras de entradas irregular al país. En el año 2023, más de 56.000 personas con un aumento del 95% respecto al año anterior. “En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, entre el 2023 y el 2024 hemos tenido la llegada de 116 embarcaciones a nuestras costas y de manera concreta un 63% en el caso de las costas de la provincia de Alicante”.
Ante estos datos exige al Gobierno el incremento de efectivos policiales, una nueva política migratoria “que frene el efecto llamada”, y perseguir “con contundencia y que exista endurecimiento de penas para las mafias que trafican con personas” así como “la expulsión inmediata de aquellos inmigrantes ilegales que cometan delitos graves o incluso de aquellos que hayan hecho de la comisión continuada de delitos leves su modo de vida”.
El vicepresidente ha insistido en que “nos preocupan el aumento de la inmigración ilegal, que lleva aparejado muchísimos modos de delincuencia, como es la ocupación ilegal de viviendas, como es el aumento de atracos o algún delito como estas agresiones sexuales”.
Si bien preguntado por las cifras de personas delincuentes que han entrado en el país de manera irregular, manifiesta no contar con datos precisos. “No le sé dar ese dato. Ese dato no lo manejo pero en este caso sí que entendemos que la ilegalidad, la entrada ilegal en nuestro país y el control nulo que existe de nuestras fronteras también con ese efecto llamada que desde el Gobierno Central, pensamos que es una auténtica irresponsabilidad. Va aparejado este incremento de datos generales de la criminalidad“.
Tras los recientes contactos mantenidos por parte de la Conselleria de Justicia e Interior con el sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, Vicente Barrera señala desde el Consell han “encontrado una situación en cuanto a los Cuerpos y Fuerzas del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional con deficiencia en cuanto a su catálogo de personal y con deficiencias materiales” y ha exigido al Gobierno que palíe esta situación. Si bien la consellera Elisa Núñez ha manifestado no disponer de una estimación del número de efectivos que requiere la Comunitat para mejorar la seguridad ciudadana ya que se encuentran “recabándolas todavía”.
