La Generalitat se ha endeudado en sus primeros 700 millones para poder sufragar las ayudas directas y reparaciones con motivo de las inundaciones de la DANA. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado con absoluta claridad que este nuevo endeudamiento es “consecuencia de la negativa reiterada a las peticiones de aportación a fondo perdido” que el Consell ha hecho al Gobierno de España.
Es decir, dentro de la situación de infrafinanciación de la Generalitat, reconocida de forma generalizada en la XXVII Cumbre de Presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, el Ejecutivo valenciano ha pedido al Gobierno central una inyección de dinero extraordinario. El Consell ha solicitado en varias ocasiones “hacer en esta ocasión algo como lo que se hizo en la pandemia”, cuando sí fueron aportados 2.800 millones extra a las comunidades autónomas. Esta vez, subraya Merino, “el Gobierno ha dicho no”. Y ha dado permiso para que la Generalitat se endeude más.
Eso sí, esta deuda será a coste 0 para la Generalitat: se tendrá que devolver en los próximos presupuestos anuales, pero sin intereses. La consellera de Hacienda, que ha comparecido junto a la vicepresidenta primera y portavoz, Susana Camarero, ha lamentado que la Comunitat Valenciana tenga que conformarse con esta respuesta de la comisión delegada de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía.
La Comunitat es la segunda autonomía con mayor volumen de deuda y viene reclamando desde hace más de 20 años y sistema de financiación más justo, con “el dinero procedente de los impuestos que pagan los valencianos”, ha atajado Merino.
Además. Merino ha lanzado dos claros mensajes al Gobierno de España. Primero, que “duplique o triplique” las ayudas directas a los afectados. Según su punto de vista, la Generalitat “está haciendo mucho más” en cuanto a ayudas directas, teniendo en cuenta que sus recursos son “muchos menos”.
Eliminación de impuestos por la DANA
Y en su segundo lugar, que el Gobierno elimine todos los impuestos derivados de las inundaciones. Es decir, no se paga impuestos por las ayudas para la compra de vehículos, pero sí el IVA de comprar esos vehículos y sí el IRPF si la persona que recibe dinero cmbia de tramo de ingresos. También que elimine el IVA a pagar por los trabajos y obras de reconstrucción.
Además, exige al Gobierno que elimine los impuestos a las donaciones que hagan las empresas a sus empleados o a las donaciones que aporten las ONG y entidades similares. Ahora mismo, y salvo que el Ejecutivo aprueba una exención de impuestos, estás ‘ayudas privadas” están sujetas a las leyes del IRPF y del Impuesto de Sociedades y, por tanto, los receptores tendrán que devolver una parte en sus declaraciones.
La vicepresidenta Camarero ha vuelto a cargar contra la delegada del Gobierno, PIlar Bernabé. Le reprocha “manifestaciones fuera de lugar”, “elevando el tono y buscando su espacio en las próximas elecciones” autonómicas como futurible candidata a la Generalitat. “Pedro Sánchez ha jugado a enfrentar a Pilar Bernabé y Diana Morant” y, según la portavoz del Consell, esto lleva a la delegada del Gobierno a culpar a la Generalitat de los incendios en campas de coches.
Camarero recuerda que el Gobierno, en un decreto “que llegó muy tarde” después de pedirlo varias veces el Consell, atribuyó a los Ayuntamientos la competencia exclusiva de gestionar los coches siniestrados, considerados residuos.
La Generalitat decidió ayudar a los Ayuntamientos en estas gestiones, puesto que los municipios carecen de recursos, ante la falta de ayuda del Gobierno.
Además, ha aprovechado para recriminar al Ejecutivo de Sánchez las “ayudas por 282 millones” a Catalunya para su red de tren de Cercanías: “Que dé la misma celeridad a las infraestructuras afectadas por la DANA, que son la verdadera emergencia”.
