La Salle ha decidido, como ha realizado en otros casos anteriores, presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona a raíz de los nuevos casos aportados por siete exalumnos del colegio de Premià de Mar y que apuntan al mismo docente del caso del escritor Alejandro Palomas. Además, la institución se personará en la causa que ha abierto el juzgado de Mataró como consecuencia de estas últimas denuncias.
La institución educativa sigue así el protocolo interno ‘Tolerancia 0’ que ha activado en los casos conocidos en el pasado en la propia Cataluña, así como en Madrid o recientemente en otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León o Andalucía. Este último caso está siendo investigado en estos momentos por la Fiscalía de Cádiz a partir de otra denuncia presentada por La Salle siguiendo el mismo procedimiento.
Las denuncias se presentan con independencia del recorrido penal que puedan tener ante la posibilidad de prescripción de algunos de los delitos (muchos de los casos se refieren a los años 70 y 80) al entender que la búsqueda de la verdad ha de prevalecer siempre. La Salle internamente, por su parte, recabará toda la información y entrevistará a los nuevos miembros de la comunidad educativa afectados en aquella época.
De esta manera la congregación cumple con su doble compromiso legal y moral con las víctimas de estos abusos, en línea con el procedimiento canónico impulsado por el Papa Francisco el pasado año, manteniendo al mismo tiempo el respeto a la presunción de inocencia reconocida en la legislación, y mostrando de forma clara y expresa su petición de perdón a las víctimas por el dolor padecido.
La Salle cuenta en la actualidad con el protocolo avanzado de ‘Tolerancia 0’ y también un ‘Código Ético’ de la organización. Ambos protocolos buscan crear en la actualidad un entorno seguro, velando por la protección de los alumnos en cualquier actividad que realicen bajo la tutela de sus centros.
En los últimos años la institución ha trasladado diferentes denuncias admitidas a trámite por la Audiencia Nacional y se ha personado en procedimientos penales como acusación popular, algunos de los cuales han acabado en largas penas de cárcel, los más recientes el de un profesor en Madrid en 2017 o un centro de acogida en Kenia en 2021.
