La Comunitat Valenciana contará con una nueva Ley del Suelo destinada a reducir la complejidad de los procedimientos urbanísticos y acelerar la aprobación de iniciativas estratégicas vinculadas a la inversión y la creación de empleo.
El Consell ha dado luz verde al anteproyecto de una norma que sustituirá completamente al actual Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. La regulación vigente ha acumulado numerosas reformas desde 2014, lo que ha generado un marco fragmentado y de difícil aplicación.
La futura ley pretende reunir y clarificar la normativa, eliminar cargas innecesarias y proporcionar un escenario estable para las administraciones, los propietarios y las empresas. El texto también integra la protección territorial, ambiental y paisajística en las decisiones urbanísticas.
Proyectos de Interés Autonómico
La norma incorpora los Proyectos de Interés Autonómico como una herramienta para facilitar la implantación de actuaciones relevantes por su volumen de inversión o por su capacidad para crear empleo estable.
El plazo de aprobación será de seis meses cuando el proyecto necesite una licencia ambiental. En los casos que requieran una Autorización Ambiental Integrada, la tramitación podrá completarse en nueve meses.
Estos procedimientos deberán estar respaldados previamente por un acuerdo del Consell y tendrán como finalidad evitar que proyectos estratégicos queden paralizados por una tramitación prolongada.
Planes generales con carácter estratégico
El nuevo modelo modifica la función del Plan General municipal, que se centrará en las grandes decisiones estratégicas y directivas sobre el crecimiento y la ordenación de cada localidad.
La regulación pormenorizada de calles, parcelas, usos y edificabilidades se desarrollará posteriormente mediante otros instrumentos de planeamiento. Con esta separación, los municipios podrán aprobar y actualizar sus planes generales sin incorporar desde el inicio todos los detalles urbanísticos.
La ordenación territorial servirá, además, para coordinar las políticas de vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental.
Menos cargas para los municipios pequeños
La ley crea un Plan Urbanístico Simplificado dirigido a municipios de menor tamaño o afectados por la despoblación. Este procedimiento tendrá una carga técnica inferior y unos trámites adaptados a la capacidad administrativa y a las necesidades del entorno rural.
El anteproyecto también incorpora diferentes fórmulas de ejecución urbanística. Los desarrollos podrán gestionarse mediante colaboración público-privada, directamente por los ayuntamientos o a través de los propietarios del suelo.
Más claridad para licencias y declaraciones responsables
La nueva regulación delimita con mayor precisión qué obras necesitan una licencia y cuáles pueden iniciarse mediante declaración responsable.
También introduce la licencia básica o de aspectos esenciales, que permitirá autorizar inicialmente los elementos fundamentales de determinados proyectos para agilizar el comienzo de la actividad edificatoria.
Las entidades colaboradoras urbanísticas seguirán participando en la revisión y tramitación de expedientes. Por su parte, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio reforzará la inspección y la respuesta frente a construcciones o actuaciones ilegales.
Vivienda protegida y rehabilitación
La ley fija una reserva del 40 % de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en suelo urbanizable. En operaciones de reforma o renovación desarrolladas sobre suelo urbano, el porcentaje será del 20 %.
También regula las construcciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización. Estas medidas obligarán a garantizar la seguridad, la salubridad y la adecuada integración de los inmuebles en el paisaje.
El anteproyecto orienta el urbanismo valenciano hacia la rehabilitación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales.
