El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este martes a Manuel José Baeza Díaz-Portales presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
Se trata de uno de los 30 nombramientos que el pleno ordinario del CGPJ ha acordado para la cúpula judicial y que incluyen el del magistrado conservador Juan Manuel Fernández como presidente de la Audiencia Nacional (AN), dejando para más adelante las salas clave de lo Penal y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), ante la persistente discrepancia entre los bloques progresista y conservador del CGPJ, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
De esta forma, los vocales han ratificado lo que ambos bloques pactaron ‘in extremis’ el martes por la noche: un total de 30 nombramientos (23 de la jurisdicción ordinaria y siete de lo militar).
El punto clave eran las presidencias de las salas de lo Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social del Supremo, que la presidenta del CGPJ y del alto tribunal, Isabel Perelló, incluyó pocos días antes en el orden del día, a pesar de que en ese momento no había acuerdo entre los diez vocales progresistas y los otros diez conservadores.
En estos días, las negociaciones entre los dos bloques se han sucedido de forma frenética para intentar desbloquear estos cuatro nombramientos pero el obstáculo continúa siendo el mismo: los vocales progresistas defienden las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso para las salas Segunda y Tercera, respectivamente; mientras que sus colegas conservadores abogan por dejar de titulares a quienes ya las presiden de forma interina, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.
La importancia de esas dos salas concretas reside en que la de lo Penal es la llamada a investigar y en su caso juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen.
Llegados a este punto, en vísperas del cónclave se puso sobre la mesa la posibilidad de dejar esos dos nombramientos para más adelante para poder acordar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del TS y la mayoría de los 35 nombramientos que quedaron pendientes el pasado 12 de febrero.
Así, conforme a dicho acuerdo, el CGPJ ha decidido este miércoles por unanimidad nombrar presidente de la Sala de lo Civil del TS al magistrado conservador Ignacio Sancho, único aspirante a este puesto; y a la candidata progresista, Concepción Ureste, presidenta de la Sala de lo Social del mismo tribunal, descartando a su contrincante conservador, Juan Molins.
En la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández ha sido designado –también por unanimidad– presidente de este tribunal, frente a aspirantes como María Tardón, Enrique López y Eloy Velasco.
Además, el CGPJ ha designado al veterano magistrado Alfonso Guevara como presidente de la Sala de lo Penal de la AN y a la magistrada progresista Manuela Francisca Fernández de Prado como presidenta de la Sala de Apelaciones del mismo tribunal. En sus salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo han sido nombrados presidentes Ramón Gallo y Fernando Luis Ruiz, respectivamente.
Por otro lado, la Presidencia del TSJ de Castilla y León ha recaído en Ana del Ser; del TSJ de Castilla-La Mancha, en María Pilar Astray; del TSJ de Cataluña, en Mercedes Caso; y del TSJ de la Comunidad Valenciana, en Manuel José Baeza. También estaba previsto que se acordara la Presidencia del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla pero se ha postergado igualmente a la espera de un informe técnico.
También se han nombrado varias presidencias de sala de los TSJ: Miguel Azagra, en lo Social del TSJ navarro; Gloria Poyatos, en lo Social del TSJ canario; Inmaculada Rodríguez, en lo Contencioso-Administrativo del TSJ canario; Mónica Matute, en lo Contencioso-Administrativo del TSJ de La Rioja; Luis Ángel Garrido, en lo Contencioso-Administrativo del TSJ vasco; y Luis Ángel Gollonet, lo Contencioso-Administrativo del TSJ andaluz.
Asimismo, el CGPJ ha nombrado a Blanca Isabel Subiñas presidenta de la Audiencia Provincial de Burgos; a María Josefa Barbarín, de la de Guipúzcoa; a Adolfo Jesús García, de la de Girona; a Marina Beatriz Rodríguez, de la de Huesca; a Miguel Ángel Larrosa, de la de Murcia; y a José Luis Núñez, de la de Álava.
Ignacio Sancho Gargallo
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, ingresó en la carrera judicial en 1989, ejerciendo funciones jurisdiccionales en Juzgados de Alcañiz y Barcelona.
Magistrado especialista mercantil de la primera promoción, en 2005 fue nombrado presidente de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, destino en el que permaneció hasta su incorporación en febrero de 2012 al Tribunal Supremo, de cuya Sala de Gobierno forma parte desde 2019.
Ha sido miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Jurídica Internacional (RJUE) (1998-2012) y de la Red de Expertos en Derecho de la UE del CGPJ (REDUE9, en el área de Derecho de Competencia, Propiedad Intelectual, Industrial y Mercantil.
Fue miembro electo y presidente de la Comisión de Ética Judicial desde su constitución en mayo de 2018 hasta que expiró su mandato en septiembre de 2020 y volvió a ser elegido miembro de la Comisión en julio de 2024.
Primera mujer al frente del Tribunal Militar Central
Por último, entre los nombramientos realizados en la jurisdicción militar destaca el de Begoña Aramendía, como primera mujer al frente del Tribunal Militar Central.
En su nota de prensa, el CGPJ destaca que, de los 30 nombramientos efectuados, 14 han recaído en mujeres, incluidos los correspondientes a las presidencias de tres TSJ y de otras tantas audiencias provinciales.
En concreto, resalta que, de las cuatro presidencias de TSJ que se han designado este miércoles, tres han sido para mujeres. «En la actualidad solo una presidencia de TSJ, la de Extremadura, estaba ocupada por una magistrada», subraya.
En otro orden de asuntos, el CGPJ ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de los procedimientos para proveer la dirección de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Será la primera vez que estos dos cargos se cubran mediante una convocatoria pública.
Sin apoyo unánime entre los progresistas
A pesar de que el Pleno lo ha ratificado, lo cierto es que el acuerdo por el que se ha dejado fuera a las Salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Supremo no convence a todo el bloque progresista. Si bien algunos vocales lo perciben como la solución pragmática para poder avanzar con los nombramientos pendientes, otros lo ven como una imposición de sus pares conservadores ante su firme negativa a admitir las candidaturas de Ferrer y Teso.
Las fuentes señalan como el mayor escollo para el bloque conservador la candidatura de Ferrer, que se ha significado con dos votos particulares recientes: uno donde abogaba por amnistiar la malversación del 1-O, consumando así el distanciamiento de sus compañeros del tribunal del ‘procés’; y otro, firmado junto a Susana Polo, donde se desmarcaban de la sentencia que confirmó las condenas por el ‘caso ERE’ defendiendo que debió absolver al ex presidente andaluz José Antonio Griñán.
Además, vocales progresistas advierten del riesgo de que, al desgajar de esta tanda de nombramientos las presidencias de las salas Segunda y Tercera, y si el ala conservadora persiste en su veto a Ferrer y Teso, la actual situación ‘de facto’, con Martínez Arrieta y Lucas al mando de sus respectivas salas, se consolide hasta que éstos se jubilen, en los próximos dos años.
La ‘Regla de paridad»
Una de las claves para los cuatro nombramientos en el TS era la regla de paridad, conforme a la cual «se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombre, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%». No obstante, en este punto los bloques progresista y conservador del CGPJ tampoco consiguieron ponerse de acuerdo.
Los vocales progresistas defendieron que al menos dos de esas cuatro plazas debían resolverse a favor de mujeres. Sus pares conservadores, en cambio, sostuvieron que la paridad debe ser una aspiración en el conjunto de los nombramientos a realizar –más de 100 heredaron del antiguo CGPJ–, priorizando el mérito y la capacidad frente al género como criterios de selección.
Cabe recordar que para cualquier nombramiento discrecional son necesarios 13 votos, por lo que no vale únicamente con un solo bloque –empatados ambos con diez vocales– sino que se necesita un pacto transversal.
