Tras las diversas acusaciones de AERTE sobre que los diversos usuarios tendrán que abonar una cantidad más elevada por el último decreto de residencias, aprobado este viernes por la Generalitat, la Vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha respondido alegando que “no supondrá en ningún momento un incremento para los usuarios” ya que la Generalitat “asumirá estos incrementos de los costes”. Además, ha alegado que la patronal que va en contra de este proyecto “representa únicamente al 40% de la población”.
Por otro lado, Mas ha detallado que la memoria económica de este decreto se hace efectiva en las residencias públicas porque son en las que la Generalitat “tiene competencia”. Concretamente, ha afirmado que “igual que educación no compete sobre centros educativos privados, nosotros no podemos hacer una memoria sobre empresas que son privadas, entre ello porque no disponemos de los datos de estas”.
Asimismo, el importe de esta memoria económica asciende a 137.000.000 de euros y les ha costado “más de dos años elaborará”, explica la vicepresidenta. Además, a través de esta se garantiza una mejora en los ratios, en la calidad de las prestaciones que se ofertan en estos centros y se realiza una estimación de las plazas que tienen contratadas o que son de la Generalitat, todo ello hasta 2027.
Lo que han hecho, explica, es “regular y ordenar un sistema que estaba completamente desestructurado y que tenia varias normativas diferentes”. Ahora, continúa, “se centra con este decreto que es el más largo de la historia de este Consell con tmás de 400 páginas”. Asimismo, ha alegado que este “era necesario”, ya que el ministerio ponía como límite el mes de mayo para que cada ciudad presentase sus ratios, los cuales condicionan que este gobierno “pueda recibir fondos de la Ayuda a la Dependencia. Por tanto lo que hacemos es cumplir con los diversos acuerdos de esta entidad”.
Por otro lado, la vicepresidenta ha hecho hincapié en la importancia de este documento y ha alegado que es “feminista, ya que mejoras las condiciones de todas las personas y sus trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales son mujeres pues es un sector muy feminizado”.
CCOO denuncia el “alarmismo interesado” de AERTE
A este respecto, desde CCOO CV, han denunciado “el alarmismo interesado” por parte de AERTE tras sus últimas declaraciones y desmiente que este decreto “vaya a suponer incremento de precios en la red pública”. Concretamente, la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, ha alegado que este documento “está muy demandado por el sindicato” ha supuesto “la presentación de un elevado volumen de alegaciones, meses de negociación y discrepancias importantes, fundamentalmente con las organizaciones empresariales”.
Por ello, la entidad ha celebrado este cambio de modelo “que prima el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales. El sindicato considera “inaceptable” que las asociaciones empresariales “intenten sembrar alarma social entre las personas usuarias de los centros, amenazando con subidas de precios de las plazas por el mero hecho de tener que cumplir con su obligación de mantener unos mínimos de calidad”.
