Tras conocerse que el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, tiene siete empresas en las que figura como administrador, el PSPV-PSOE ha reclamado su dimisión al “saltarse la ley” tras haber pasado mes y medio desde que fue nombrado para el cargo público.
Por ello, los socialistas exigen al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que “actúe” y cese a Barrera si no abandona estos puestos directivos. No obstante, Mazón ha asegurado ante los medios este miércoles que “no conoce ninguna incompatibilidad, solo titulares enrevesados con los líos que algunos quieren montar”.
Y es que, el PSPV-PSOE, a través de su síndica en Las Corts Rebeca Torró, han señalado que la ley de incompatibilidades de la Generalitat no contempla un plazo de dos meses para regularizar la situación de Barrera, tal como justificaron los mismos dirigentes tanto de Vox como del PP. No obstante, el president ha negado este hecho, reiterando que se encuentran “dentro del plazo y del periodo de hacer las cosas bien” y que por tanto tienen el respaldo de la “reglamentación y de lo legal”.
En esta línea, Mazón se ha defendido alegando que lo que “deberían hacer algunos” es “mirarse” y ya así “dejarán de criticar”, porque muchos de ellos vienen de casos “muy graves”, afirma.
La Oficina de Control: La última palabra
Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha señalado que ahora debe ser la Oficina de Control de Conflictos de Intereses la que determine “cuál es la situación de Barrera”, ya que desde Vox y el Partido Popular continúan aferrándose a que la ley sí establece un plazo de dos meses, argumento discutido por los socialistas.
Por otro lado, Merino definde además que la ley de incompatibilidades de la Generalitat es “clara” al señalar que “no se puede ocupar un cargo público y gestionar a la vez los intereses de una empresa”, y hace hincapié en que en esta ocasión no incumple la normativa “una vez sino siete”, por cada una de las empresas que administra el extorero.
