La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha expresado su preocupación por el nuevo sistema de ayudas directas para familias anunciado por el Gobierno central que “dejará desprotegidas a muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos que determina esta nueva norma”.
La vicepresidenta segunda ha manifestado su disconformidad con esta nueva adjudicación de ayudas a familias vulnerables por “la improvisación y las prisas de una medida que desde hace mucho tiempo estamos intentado acordar con el Gobierno y que, sin embargo, han aprobado y hecho pública sin trasladarla previamente a las comunidades autónomas”.
Este martes el Consejo de Ministros aprobó un decreto que concede a Cruz Roja una subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa, esto es, con ingresos inferiores al 40 % de la renta media.
Las denominadas ‘tarjetas monedero’ a familias vulnerables con hijos e hijas se podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.
Susana Camarero ha señalado que el Gobierno, lejos de hacer un análisis profundo de las situaciones reales de vulnerabilidad, “ha adoptado una medida que limita y expulsa de la asistencia básica de reparto de alimentos a aquellos perfiles que anteriormente sí podían acceder, como por ejemplo personas con discapacidad, en situación de dependencia, con ingresos insuficientes o con hijos e hijas mayores de 18 años a su cargo y en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo, ha señalado que, siendo las comunidades autónomas las responsables de identificar a los potenciales beneficiarios bajo los criterios establecidos por el Gobierno central, hacer el acompañamiento, así como la justificación y la implantación del programa, “es necesario que conozcamos detalladamente la letra pequeña y con la antelación suficiente” para poder ejecutarlo de manera eficaz y evitar tener que devolver los fondos europeos por la improvisación y falta de previsión del Gobierno.
