Las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) de la Comunitat Valenciana han solicitado una reunión con el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, y han registrado un “plan de choque” para contrarrestar la emergencia habitacional, con propuestas como aumentar las ayudas al alquiler, desarrollar el parque público de vivienda o presentar un protocolo de intermediación para evitar desahucios.
Se trata de “medidas contundentes” para evitar un “colapso” en materia de vivienda, explican desde la PAH tras organizar este lunes una concentración frente al Palau de la Generalitat bajo el lema ‘On està la meua casa?’. Posteriormente, sus representantes se han reunido con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández.
La organización ha registrado en la Generalitat el documento que recoge estas propuestas. Su objetivo es conocer los efectos que puede tener en la emergencia habitacional las intenciones del Consell respecto a la Ley de Vivienda autonómica –aprobada en 2017 por el anterior gobierno del Botànic–, así como ante los decretos de movilización de viviendas vacías, de ayudas para soluciones habitacionales o de compra mediante los derechos de tanteo y retracto.
En concreto, la PAH pide que el Consell “no anule” la unidad creada por el Botànic para ayudar en casos de desalojo o emergencia habitacional, así como que amplíe los presupuestos para aumentar las ayudas de alquiler y que cumpla el compromiso de recuperar las viviendas de la Sareb para evitar los desahucios “individuales y masivos”.
También exige reforzar el parque público, para que deje de suponer el “ridículo” 0,6% del total de la vivienda en la Comunitat, movilizar viviendas vacías con un “programa solidario” para pequeños propietarios o que la Generalitat actúe ante desahucios.
A su juicio, es urgente que el Consell desarrolle el protocolo de conciliación o intermediación previo a desahucios, así como las otras actuaciones previstas en la Ley de Vivienda estatal aprobada en 2023. Reclama además desarrollar el decreto autonómico para evitar el acoso inmobiliario, con la colaboración de la Conselleria y el Ministerio de Justicia.
Contratos con bancos, fondos buitre o inmobiliarias
Paralelamente, la PAH solicita ampliar los presupuestos autonómicos para crear un programa que permita que la Generalitat suscriba como titular contratos de alquiler con la banca, fondos buitre o grandes inmobiliarias y que las personas y unidades de convivencia se puedan subrogar. En su opinión, esta medida activa en Catalunya es prioritaria.
Otras de sus peticiones son poner en marcha un control de precios del alquiler en las zonas tensionadas, establecer “créditos blandos” con los fondos europeos Next Generation o estudiar las posibilidades de financiación en situaciones especiales a través del ICO y del IVF.
Por otro lado, ve necesario estudiar cómo afecta a la Comunitat la moratoria hipotecaria hasta mayo 2024, así como “estimular” en los ayuntamientos una subida del IBI a las viviendas cerradas. Además, solicita una reunión con el Consell para analizar la problemática de los pisos turísticos y propone limitar la construcción “desmedida” de viviendas.
Reunión con la conselleria
Por otro lado, representantes de la plataforma se ha reunido con el secretario Autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y la directora general de Vivienda, Ana Caballer, para trasladarles sus propuestas y han recibido el compromiso de la Generalitat de ser estudiadas, así como de seguir manteniendo futuros encuentros para buscar soluciones.
Respecto a los casos de desahucio, Fernández ha manifestado que el Consell trabaja de forma activa con la Unidad de Apoyo Antidesahucios (UAD), está negociando con el Colegio de Abogados de la Comunidad Valenciana el convenio para prestar asesoramiento y mediación, y está en conversaciones con los grandes tenedores como SAREB, para evitar lanzamientos de personas vulnerables, además de solicitar la cesión de viviendas para su incorporación al parque público.
Asimismo, Sebastián Fernández ha recordado el compromiso de este Consell por la vivienda con el propósito de aumentar el parque público, a través de la colaboración público-privada, y con el objetivo de trabajar por la puesta en marcha de 10.000 viviendas.
