El juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez y ha acordado retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarla a comparecer dos veces al mes ante un juzgado. Las mismas medidas afectan a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa.
El magistrado justifica su decisión por la existencia de “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo” y por un supuesto riesgo de fuga. Incluso sostiene que los agentes encargados de la seguridad de Gómez podrían facilitar una eventual huida. “No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla”, afirma.
Cambio de criterio y rechazo del Gobierno
La decisión supone un giro respecto a 2024, cuando Peinado rechazó retirar el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez al considerar la medida “innecesaria” y “desproporcionada”.
Tras conocerse la resolución, fuentes de La Moncloa denunciaron “la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”. La apertura de juicio oral no puede recurrirse, aunque las defensas sí podrán impugnar las medidas cautelares.
Delitos atribuidos y críticas del PSOE
En esta parte de la causa, el juez atribuye a Begoña Gómez delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La acusación popular solicita 24 años de prisión para ella, 22 para Cristina Álvarez y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.
La resolución ha provocado una dura reacción en el PSOE. El ministro Óscar Puente la calificó de “La ignominia”, mientras que Patxi López afirmó: “Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza”. Por su parte, Óscar López denunció “la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías” durante la instrucción.
