La representación legal de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia para que revoque la decisión del juzgado que instruye la gestión de la dana de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni a varios altos cargos de la administración autonómica, como el subdirector de Emergencias.
La titular del juzgado número 3 de Catarroja acordó en un auto del 8 de mayo que la ausencia de información que atribuyen los damnificados al presidente de la CHJ, Miguel Polo, sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo, «resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH -Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)-, así como por la posibilidad de acceso al mismo».
Imputación del director de Emergencias, el subdirector y la jefa de servicio
En cuanto a las otras personas sobre los que la asociación pide su imputación -el director de Emergencias, el subdirector y la jefa de servicio-, el juzgado ya dijo que formar parte de una estructura administrativa autonómica sin más no era razón suficiente para exigirles una responsabilidad penal.
Ante la negativa del juzgado de investigar a estas personas, la Asociación ha presentado un escrito de apelación ante la Audiencia, al considerar que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, «ha reconocido que su organismo no efectuó llamadas telefónicas de aviso durante el episodio de crecida del Barranco del Poyo, limitándose únicamente al envío de correos electrónicos».
Declaración Pilar Bernabé
Añade que la declaración de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ante la jueza, «ha servido para confirmar la pasividad de Polo», al señalar que este «no trasladó al Cecopi ni la existencia de los correos electrónicos enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar ni, mucho menos, el contenido de los mismos».
Afirma también que «desde una perspectiva de mínima diligencia, es razonable esperar que información de tanta relevancia -remitida por el equipo técnico que él dirige- debía haber sido puesta en conocimiento del resto de miembros del Cecopi», más aún cuando esa información hacía referencia a una «situación crítica de posible desbordamiento, cuya correcta valoración y comunicación resultaban esenciales para la toma de decisiones urgentes en materia de protección civil».
Presidente de la CHJ
A juicio de la asociación, el presidente de la CHJ actuó «de forma negligente», desatendiendo el propio protocolo del organismo, que establece la obligación de comunicar a Protección Civil al rebasarse los 150 m³/s, un umbral que «fue superado en varias ocasiones a lo largo del día, sin que se realizara ninguna comunicación entre las 16:13 y las 18:43».
Considera que era su «responsabilidad directa de garantizar que la información sobre el aumento extremo del caudal fuera transmitida de forma eficaz a los responsables de emergencias y de promover las actuaciones necesarias»
Director general de Emergencias y Extinción de Incendios
Sobre el director general de Emergencias y Extinción de Incendios Alberto Javier Martín Moratilla, que este martes fue cesado del cargo por el pleno del Consell, señala que ostentaba la «máxima autoridad operativa en materia de gestión de emergencias» y por tanto «estaba legal y funcionalmente obligado a prevenir riesgos, planificar respuestas eficaces y garantizar la información a la ciudadanía».
Sin embargo, añade la asociación, durante la emergencia del 29 de octubre «permitió una pausa de más de dos horas en la reunión del Cecopi, en el momento más crítico de la crecida del Barranco del Poyo, sin promover ninguna medida alternativa o urgente».
Subdirector de la agencia AVSRE
Sobre Jorge Suárez, subdirector de la agencia AVSRE, la asociación de damnificados DANA Horta Sud señala que debe ser considerado investigado ya que a pesar de ostentar funciones clave en la gestión del Centro de Coordinación de Emergencias y disponer de acceso a información crítica en tiempo real a través del sistema SAIH y del puesto de mando avanzado del 112, «no adoptó ninguna medida proactiva ni emitió instrucción alguna eficaz dirigida a alertar a la población».
Jefa de Servicio de Emergencias
Respecto a Inmaculada Piles Alepuz, jefa de Servicio de Emergencias, «pese a su acceso a la información crítica y al conocimiento de los informes pluviométricos y de caudales, no promovió ni ejecutó acción preventiva alguna efectiva —como alertas específicas, restricciones de acceso, cortes de carreteras o instrucciones a autoridades locales— lo que permite afirmar que incumplió gravemente su deber de garante».
