La estrategia de defensa de Pilar Bernabé respecto a la gestión de la DANA ha recibido un nuevo revés. La Ley de Aguas y el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana son tajantes: la responsabilidad de la medición de caudales recae en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). No en la Generalitat, como ha defendido reiteradamente la delegada del Gobierno.
El artículo 94 de la Ley de Aguas establece que la vigilancia del dominio público hidráulico corresponde a la administración hidráulica competente, en este caso, la CHJ. Sus agentes medioambientales, con funciones de policía de aguas, tienen la obligación de inspeccionar cauces, realizar aforos, controlar crecidas y medir niveles hídricos. Además, gozan del carácter de autoridad pública en el ejercicio de estas tareas.
El Plan Especial de Inundaciones refuerza el papel de la CHJ
Según el Plan Especial de Inundaciones, en situaciones de alerta hidrológica, los ayuntamientos deben avisar a la población y activar protocolos de emergencia. Sin embargo, la vigilancia activa sobre ríos, barrancos y zonas inundables recae en la CHJ. Esta entidad dispone de los medios técnicos y humanos para monitorizar los espacios de riesgo.
Aunque Bernabé aseguró en su comparecencia judicial que la Generalitat tenía esta función, el propio director general de Medio Natural solo ofreció el 29 de octubre agentes medioambientales autonómicos como medida de apoyo. No como responsables directos. Es más, las funciones ordinarias de estos agentes no incluyen la vigilancia de cauces ni la realización de mediciones de caudal. Más bien se centran en tareas relacionadas con gestión forestal, caza, pesca y asesoramiento agrario.
La propia CHJ confirmó que activó a su personal para monitorizar los espacios con riesgo de inundación. Esto desmonta la afirmación de que fue la Generalitat la que falló al no medir los caudales de forma precisa durante la emergencia.
Una nueva grieta en la credibilidad de Pilar Bernabé
Esta revelación legal se suma a la polémica sobre su currículum académico, rectificado esta misma semana por el PSOE. Se conoció que Bernabé no finalizó ninguna de las dos carreras que aseguraba haber cursado. En apenas 48 horas, ha quedado retratada por inflar su formación y por atribuir responsabilidades erróneas en una crisis climática que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana.
En su declaración judicial, Bernabé afirmó que “la Generalitat debería haber medido los caudales” y que no se activaron ciertos protocolos por esa falta de datos. Sin embargo, la normativa vigente y las funciones de la CHJ dejan claro que esa labor no era de su competencia ni de la Generalitat. Era exclusivamente del organismo de cuenca.
Este nuevo episodio socava aún más la fiabilidad de sus declaraciones como representante del Gobierno en la Comunitat. Además, debilita su papel en el juicio sobre la DANA, donde ya fue criticada por su falta de rigor y contradicciones.
Contexto político adverso: del caso DANA a su candidatura en el PSPV
En paralelo a su comparecencia judicial, Pilar Bernabé ha iniciado su carrera por liderar el PSPV en la ciudad de València. El contexto no puede ser más complicado. A las críticas internas por el escándalo de su currículum se suma ahora el desmontaje público de uno de sus principales argumentos de defensa en el caso DANA.
La insistencia de Bernabé en señalar a la Generalitat para eludir responsabilidades contrasta con la contundencia de los textos legales. La oposición ya ha advertido que la delegada del Gobierno ha incurrido en “mentiras deliberadas” y “manipulación institucional” para cubrir una gestión ineficaz durante una crisis meteorológica de gran magnitud.
Cada vez son más las voces —dentro y fuera del PSOE— que cuestionan si una dirigente bajo el foco de tantas dudas puede liderar con credibilidad un partido en reconstrucción.
