La gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, considerada ya la inundación más letal en la historia de España, podría tener consecuencias judiciales para uno de los rostros más visibles del PSOE: Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y actual secretaria de Igualdad del partido.
Su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja ha derivado en una petición formal de imputación promovida por cuatro defensas, justo un día antes de que anuncie su candidatura a la alcaldía de Valencia.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que una de las defensas que participan en el proceso solicitó oficialmente la imputación de Bernabé, iniciativa a la que se han sumado otros tres abogados.
La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha requerido que esta solicitud se formalice por escrito antes de valorarla.
Acusaciones por omisión de medidas durante la catástrofe
Durante su declaración como testigo, Bernabé reconoció que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo que depende del Ministerio, no emitió ninguna alerta sobre la crecida del barranco del Poyo.
Esta omisión resultó decisiva, ya que el desbordamiento arrasó con toda una comarca. A esto se sumó el silencio del presidente del CHJ, Miguel Polo, quien estuvo presente en la reunión del CECOPI, comité que Bernabé codirige.
Uno de los puntos más delicados abordados en la comparecencia fue la ausencia de declaración de emergencia nacional, pese a la magnitud de la tragedia. Varias defensas interpelaron en repetidas ocasiones a Bernabé sobre esta cuestión, sin obtener una explicación clara. La jueza, sin embargo, no ha permitido profundizar en este interrogatorio.
La clave legal: ¿Por qué no se declaró nivel 3?
Según el artículo 28 de la Ley de Protección Civil, la declaración de emergencia nacional depende del Ministerio del Interior, a instancias de la delegación del Gobierno o de la administración autonómica. Las defensas consideran que, ante la información de la que disponía Bernabé, era procedente solicitar la activación del nivel 3. Esta inacción podría constituir una grave omisión de responsabilidad administrativa.
Aunque la magistrada ha vetado parte de los interrogatorios en este sentido, las defensas mantienen su postura y han formalizado su petición de imputación. El paso de testigo a investigada podría marcar un giro significativo tanto en el proceso judicial como en el futuro político de Bernabé, especialmente cuando está a punto de iniciar su carrera por la alcaldía de Valencia.
