El Partido Popular registra en el Senado una moción para frenar la reforma del Reglamento General de Costas
El Partido Popular ha registrado en el Senado una moción para exigir al Gobierno que garantice transparencia, seguridad jurídica y lealtad institucional en la reforma del Reglamento General de Costas, y que apruebe de forma inmediata una moratoria que frene los actuales procedimientos de deslinde del dominio público marítimo terrestre.
En la sesión en la Cámara Alta han participado las consejerías de todas las comunidades autónomas con litoral gobernadas por el PP, entre ellas Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Estas administraciones autonómicas han expresado su apoyo a la iniciativa, que el partido confía en sacar adelante gracias a su mayoría en el Senado. La presencia coordinada de estos gobiernos regionales refuerza la estrategia del PP de mostrar un frente común de las autonomías afectadas contra la aplicación actual de la normativa de costas.
Críticas del PP a la reforma de la Ley de Costas
El senador Francisco Javier Márquez Sánchez ha defendido la moción advirtiendo de que, a su juicio, el Ejecutivo pretende aprobar un nuevo modelo de gestión del litoral sin respaldo ni diálogo. Ha descrito la reforma como un desalojo planificado, al considerar que pone en riesgo la continuidad de numerosas viviendas y negocios situados en primera línea de costa.
Márquez ha subrayado que esta situación afecta directamente a familias que residen en esas viviendas, muchas de ellas heredadas de padres o abuelos. Ha remarcado que su partido no se opone a la protección del litoral, pero sí a lo que interpreta como una utilización del medioambiente como coartada y paraguas ideológico para justificar desalojos y cambios de régimen de propiedad.
Según su argumentación, el objetivo del Gobierno no sería tanto proteger el entorno costero como impulsar una expropiación encubierta. El PP denuncia que se está sustituyendo la propiedad privada por un sistema de concesiones administrativas, de forma que, pasado un plazo de 30 años, los actuales titulares podrían ser expulsados definitivamente de sus inmuebles.
A partir de esta premisa, la formación ha reclamado una moratoria que evite el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas. Defiende que no debe perder su vivienda ninguna familia ni su local ninguna empresa como consecuencia directa de la aplicación de los procedimientos de deslinde y de las órdenes de demolición asociadas.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reforzado esta posición en un comunicado en el que reclama al Gobierno, con carácter urgente, la suspensión de todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo terrestre que están en marcha en el litoral español. La petición incluye la paralización de las actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición que se estén tramitando en el marco de la normativa vigente.
Para García, aplicar la ley en los términos planteados supondría una sentencia de muerte para decenas de municipios costeros, al poner en cuestión la continuidad de zonas residenciales, actividades económicas y parte del tejido social y turístico asentado junto al mar. Frente a este enfoque, ha reivindicado que su partido no es del expropiese ni del derribese, sino que se define como defensor de la libertad, de la seguridad jurídica y de la propiedad privada.
La dirigente popular ha criticado también la ausencia del presidente Pedro Sánchez en el Senado en un debate que considera clave para miles de afectados. Ha explicado que la moción del PP incorpora una amplia batería de propuestas y exige una revisión ordenada, seria y consensuada tanto de la Ley de Costas como del resto de la normativa que regula el litoral, con el objetivo de compatibilizar la protección ambiental con la estabilidad de las viviendas y negocios ya existentes.
Entre las medidas planteadas figura la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial competente en materia de costas, órgano de cooperación multilateral que reúne al ministerio responsable y a los consejeros autonómicos del ramo. El PP entiende que este foro es el espacio adecuado para que Estado y comunidades discutan los criterios de aplicación de la ley y el alcance de los deslindes sobre viviendas consolidadas.
García ha recordado que muchas de las personas afectadas construyeron sus casas amparadas por un marco legal aprobado por el propio Estado y que ahora se ven a merced de ese mismo Estado, que, según denuncia, amenaza con dejarlas sin seguridad jurídica, sin certezas y, sobre todo, sin hogar. Con esta moción, el PP busca abrir una negociación que frene derribos y pérdidas de viviendas mientras se revisa el modelo de gestión del litoral y se clarifican los derechos de los actuales ocupantes.
