El PP ha solicitado en Les Corts que el Ministerio de Diana Morant pague a las universidades públicas valencianas la adaptación de plantillas a la nueva ley.
El GPP ha presentado una proposición no de ley en les Corts en la que pide que sea el Gobierno de España quien asuma el coste para la adaptación de plantillas en las cinco universidades públicas valencianas a la nueva LOSU, “lo que supone un coste estimado de 35 millones de euros de los cuáles el Gobierno ha consignado cero”.
Además, en la propuesta registrada en les Corts se solicita que el Gobierno de España destine como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, tal y como se reconoce en la misma ley.
La portavoz de universidades del GPP, Lola Roch, ha señalado que “la nueva ley modifica las condiciones laborales del profesorado asociado convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, con la idea de reducir la temporalidad”.
“Las universidades valencianas han realizado todas las tareas necesarias para adecuar sus plantillas docentes a la estructura impuesta por la LOSU, pero ahora son penalizadas por la ministra Morant al no facilitarles el dinero que ha supuesto su adaptación a la ley. Es decir, nuestras universidades han cumplido y acatado la LOSU y ahora el Gobierno central ni siquiera es capaz de facilitarles el dinero que requiere ejecutar las medidas implantadas para cumplir la ley” ha añadido.
La diputada popular ha señalado que “la ministra Morant hace algo ‘marca de la casa’ del Gobierno Sánchez: establecer obligaciones para los demás… que pagarán los demás. La LOSU impone nuevas estructuras, nuevos servicios y nuevas funciones añadidas para las universidades, pero no revela de dónde saldrá el dinero para sostenerlas. La ley no solo no resuelve los problemas de la universidad sino que los agrava al no contar con la financiación suficiente, lo complica todo y lo encarece, haciéndola en la práctica en una norma inaplicable”.
Para Lola Roch, “Morant está ahogando a nuestras universidades, sumiéndolas en un clima de inestabilidad jurídica y debilitándolas, sin ningún rigor y nula previsión. Es obligación del Gobierno central asumir los costes que conlleva aplicar una normal estatal y, sin embargo, la ministra mira hacia otro lado para tratar de escurrir el bulto sobre su incompetencia”.
Por último, respecto a la propuesta de flexibilización o calendarización de la LOSU que se ha propuesto por parte del Ministerio, Roch ha indicado que “resulta insuficiente y parcial, al ceñirse sólo a determinados aspectos de la ley que afectan a la contratación del profesor asociado, sin plantear soluciones al resto de cuestiones que exige la norma estatal como es la dedicación horaria del resto del personal docente e investigador que integran la plantilla universitaria, entre otras cuestiones”.
