PP y Vox han rechazado este miércoles en Les Corts Valencianes todas las propuestas presentadas por la oposición en el debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana, mientras han evidenciado sus diferencias internas en materia de inmigración y financiación autonómica.
Entre las iniciativas que sí han salido adelante, impulsadas por el Consell, figura la petición al Gobierno central de derogar la ley de Vivienda. También se ha aprobado reclamar cambios normativos para dar más seguridad jurídica a los propietarios y así incentivar el alquiler.
Además, Les Corts han respaldado la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Junto a ello, han apoyado medidas para la limpieza de barrancos, la elaboración de planes de presas y la implantación de sistemas de alerta temprana ante episodios de lluvias intensas.
Choque entre PP y Vox por inmigración
La propuesta de Vox sobre inmigración no ha prosperado. Este texto instaba al Consell a manifestar ‘la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos’, citando la ‘saturación’ e incluso el ‘colapso’ de estos recursos.
La iniciativa también pedía estudiar la viabilidad de un tercer hospital en Alicante. Además, reclamaba exigir al Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil. Pese a ello, el PP no la ha apoyado al considerar que era ‘un ómnibus’ que mezclaba asuntos diversos.
En paralelo, se ha rechazado una enmienda de Vox que vinculaba el acceso general al sistema sanitario a la residencia legal en España. Sin embargo, sí han prosperado otros puntos relacionados con la inmigración, apoyados por el PP.
Entre ellos, se ha aprobado reclamar ‘la asignación prioritaria de los recursos‘ a personas que ‘mantienen un arraigo real, duradero y verificable en España’. También se ha aceptado valorar, en la adjudicación de vivienda pública, ‘la existencia de familiares de primer grado ascendientes’ residentes en el país.
Asimismo, el PP ha apoyado la realización de un estudio sobre ‘las nuevas realidades delincuenciales’ derivadas de ‘la inmigración masiva’. Otra medida aprobada es no subvencionar asociaciones u ONG que ‘promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas’.
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha justificado el rechazo a la propuesta de Vox por ‘una cuestión de forma’, al incluir ‘distintas temáticas poco conexas‘. Ha subrayado además que PP y Vox son ‘partidos diferentes’ y que tener discrepancias es ‘lo normal’.
Financiación autonómica, otro punto de fricción
La financiación autonómica ha sido otro de los focos del debate. El PP ha presentado una propuesta sobre el modelo de financiación que Vox no ha respaldado.
Esta iniciativa del PP planteaba retirar la propuesta actual del Gobierno y abrir una negociación multilateral en la Conferencia de Presidentes. Además, reclamaba un fondo transitorio de nivelación y un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario.
El síndic del PP, Fernando Pastor, se ha preguntado cómo pueden fiarse ‘de quienes prometen un modelo que dicen que beneficia a los valencianos, si son incapaces de cumplir siquiera la Constitución‘ y de presentar unos Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, el síndic de Vox ha reiterado que su grupo solo apoya aquellas medidas que considera positivas. Ha insistido en que el sistema de financiación actual ‘discrimina’ a la Comunitat Valenciana y ‘está fallido’, por lo que ve necesario ‘hacer uno nuevo que no sea solo igual, sino igualitario y equitativo’.
Propuestas de la oposición rechazadas
Entre las propuestas de la oposición que PP y Vox han tumbado figura la que pedía exigir al expresident de la Generalitat Carlos Mazón la renuncia a su escaño por su gestión de la dana de 2024.
Otras iniciativas rechazadas planteaban investigar un dosier sobre ‘presuntas irregularidades’ de altos cargos. También reclamaban negociar de forma inmediata la reforma de la financiación autonómica.
Del mismo modo, se ha rechazado que las viviendas de Les Naus adjudicadas de forma fraudulenta reviertan de forma directa al parque público. Estas propuestas procedían del PSPV-PSOE y de Compromís.
El aforamiento de Mazón
PSPV-PSOE y Compromís habían solicitado que Carlos Mazón dejara la política y su escaño para perder su condición de aforado. Ambos partidos defendían que así podría afrontarse con plenas garantías la investigación sobre su responsabilidad política en la dana de 2024.
La diputada socialista Alicia Andújar ha recalcado que ‘no puede haber excusas, silencios y zonas de sombra cuando hablamos de vidas humanas, de 233 víctimas mortales’. Ha pedido a los diputados del PP votar ‘en conciencia’.
Isaura Navarro, de Compromís, ha señalado que esta exigencia es ‘una cuestión de humanidad y de ética’. Sin embargo, el PP ha rechazado la propuesta al considerar que ‘carece de sentido’ tras la decisión judicial.
La diputada del PP Laura Chulià ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha resuelto por unanimidad la ‘ausencia de cualquier responsabilidad del expresident’. Ha instado a los socialistas a exigir responsabilidades al Gobierno central.
Chulià también ha acusado a Compromís de ‘saltarse a la torera’ el respeto institucional. En este punto, ha recordado que el TSJCV imputó por unanimidad a la exvicepresidenta Mónica Oltra.
La vivienda, en el centro del debate
La política de vivienda ha ocupado buena parte de la discusión parlamentaria. El síndic del PP, Fernando Pastor, ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y sus decretos en esta materia.
Pastor ha hablado de ‘descomposición’ del Ejecutivo central y ha criticado que las propias ministras fueran ‘incapaces de explicar con claridad’ el contenido de los decretos. Ha calificado la situación como ‘una auténtica vergüenza’ y un ‘esperpento’.
Frente a ello, el síndic socialista, José Muñoz, ha instado al PP a escuchar ‘a la calle’ y a cambiar su postura sobre la vivienda. Ha asegurado que los populares consideran la vivienda ‘un negocio y no un derecho’.
Según Muñoz, la receta del PP es ‘que se incrementen los precios y se expulse a la gente de sus barrios’. Ha reclamado que los populares reconsideren su voto en el Congreso y apoyen los decretos del Gobierno central.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que PP y Vox reclamen suprimir la ley de Vivienda. A su juicio, esta postura es ‘una cortina de humo para esconder su inoperancia y falta de proyecto para resolver el principal problema de los ciudadanos’.
Baldoví ha pedido que el precio de la vivienda pública no aumente. Además, ha exigido que PP y Vox apoyen los decretos del Gobierno para atender la emergencia habitacional.
Por parte de Vox, su síndic José María Llanos ha insistido en que la vivienda es ‘un tema clave’. Ha defendido la eliminación total de los impuestos para la compra de la primera vivienda.
Llanos ha apostado también por la liberalización de suelo para construir más vivienda libre y vivienda pública. Además, ha reclamado la ‘reducción absoluta de las trabas burocráticas’ para acceder a una vivienda.



