PP y Vox, los partidos del Consell, registran este jueves en Les Corts cinco proposiciones de ley para que entren en vigor en los próximos meses. Una de ellas, la nueva norma de “libertad educativa“, establecerá que se consultará a los padres cuál es la lengua en la que quieren que sean educados sus hijos, mientras que otra sustituirá la Ley de Memoria Democrática por la de “Concordia” reconociendo todos los actos violentos “desde 1931“.
Otra de las proposiciones, la nueva ley de À Punt, reformará la radiotelevisión pública valenciana unificando sus dos entes en uno, con la intención de hacerla “más ágil y profesional” y de adaptarla al resto de televisiones autonómicas. Las dos últimas reforzarán la transparencia en materia de datos personales e introducirán cambios en la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).
Así lo han anunciado, este jueves por la tarde en una rueda de prensa en Les Corts convocada unas horas antes, los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, y el secretario del grupo ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca, con el objetivo de “dar un nuevo impulso a la agenda reformista que empezó el 29 de mayo“.
En concreto, la nueva ley de “libertad educativa” regulará la elección de la lengua en los centros para “acabar con la imposición del valenciano”. Se aplicará completamente en el curso 2025-2026, aunque en el próximo ya habrá medidas en vigor como la certificación “automática” de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura.
Según han explicado, los padres podrán elegir la lengua en la que serán educados sus hijos cuando se matriculen por primera vez, mientras que a los que ya estén escolarizados se distribuirá una encuesta telemática para optar entre valenciano o castellano.
La intención de PP y Vox es que esta norma se aplique completamente en el curso 2025-2026, aunque en el próximo ya habrá medidas en vigor como la certificación “automática” de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura.
En general, la proposición establece que “en los territorios castellanoparlantes, la incorporación del valenciano se llevará a cabo de manera progresiva, atendiendo a su particular situación sociolingüística“.
“El objetivo es no discriminar a ninguna de las dos lenguas y, sobre todo, que ninguna persona, hable la lengua que hable, esté discriminada“, ha expuesto Pérez Llorca.
ELECCIÓN DE LENGUA
Respecto a la elección de lengua, entre Infantil y Bachillerato, los padres podrán elegir la lengua en la que serán educados sus hijos cuando se matriculen por primera vez, mientras que a los que ya estén escolarizados se distribuirá una encuesta telemática para optar entre valenciano o castellano.
Posteriormente se determinará cuántos grupos se ofertan en cada lengua base. La determinación de la lengua base se actualizará anualmente al inicio de la escolarización en Infantil y en los primeros cursos de ESO y Bachillerato.
En cuanto a la elección de valenciano como lengua base, la proposición establece que cuando no haya oferta suficiente de plazas, la Conselleria de Educación satisfará la demanda.
Por etapas, en Infantil se introducirá enseñamiento de valenciano durante un 10% del tiempo lectivo, al igual que el inglés, mientras “el resto del tiempo lectivo se vehiculará en castellano”. En el caso de que un alumno se traslade desde un centro con una lengua base diferente, se le realizará una “adecuación lingüística individual”.
En Primaria, la adquisición y consolidación de la lectura y escritura se realizará en castellano como lengua base.
Desde el tercer curso de esta etapa y durante toda Secundaria se garantizará la presencia de las dos lenguas cooficiales como vehiculares, a lo que “deberán ajustarse los centros en la mayor medida posible”. El porcentaje de tiempo vehiculado en valenciano y castellano habrá de tener una diferencia que no sobrepase el 20% del tiempo lectivo.
Tanto en Primaria como en Secundaria y Bachillerato, en todos los cursos se cursará Valenciano, Lengua castellana y Lengua extranjera (inglés), aunque los alumnos podrán obtener la exención de evaluación de Valenciano si se considera favorable –tendrán la obligación de ir a clase y “participar activamente” en esta asignatura-.
En Primaria y Secundaria se dedicará entre un 15% y un 25% del tiempo lectivo al inglés, mientras en Bachillerato se podrá impartir una o varias asignaturas no lingüísticas en lengua extranjera. El resto de asignaturas se cursará en castellano como lengua vehicular.
EXÁMENES Y CERTIFICACIÓN DE TÍTULOS
En materia de exámenes, la proposición establece que los alumnos tendrán derecho a ser evaluados en valenciano o en castellano en las asignaturas que no sean lingüísticas.
Paralelamente, la ley incluye la “certificación automática” de títulos de valenciano. Funcionará así: reconocimiento del nivel A2 para los alumnos que superen Valenciano en los seis cursos de Primaria, B1 para los que lo hagan en los cuatro cursos de la ESO y B2 en los dos cursos de Bachillerato., También se reconocerá el B1 para los que pasen la asignatura en primero de Bachillerato y al menos tres cursos de Secundaria.
Los alumnos de Bachillerato que superen Valenciano en los dos cursos, con una media igual o superior a un 7 sobre 10, tendrán derecho al reconocimiento del C1.
“La Conselleria adoptará las medidas oportunas para que la certificación sea emitida por los centros educativos“, garantiza la proposición.
REQUISITOS PARA PROFESORES
Otra de las medidas incluidas es que el conocimiento del valenciano será un mérito y no un requisito para el profesorado. En Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos los docentes tendrán que acreditar un C1 de valenciano para poder vehicular en esta lengua, mientras que no deberán de hacerlo para el resto de enseñanzas y cuerpos docentes.
La proposición incluye un “reconocimiento” para el profesorado que vehicule en valenciano, a efecto de concursos de ámbito autonómico, actividades de formación y elección de turnos y horarios.
Por su parte, el personal funcionario de carrera destinado en otras autonomías que solicite comisión de servicios en la Comunitat podrá obtener excepcionalmente el destino por un periodo máximo de cuatro años aunque no disponga del titulo de valenciano, siempre que su petición se deba por causas sociales o por el traslado de la unidad familiar.
Respecto al control, la proposición marca que corresponderá a la Inspección educativa, que asesorará a los equipos directivos y a los miembros de la comunidad educativa.
