El grupo socialista en el Ayuntamiento de València ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de boicotear el proceso de regularización de inmigrantes y le ha reclamado que ponga en marcha medidas urgentes para evitar el colapso en la atención municipal.
Según ha detallado la concejala socialista Maite Ibáñez en un comunicado, se han registrado en la comisión de Bienestar Social varias preguntas por escrito tras las enormes colas que se forman a diario en el Ayuntamiento para tramitar la regularización. A partir de estas filas constantes, el PSPV interpreta que la organización municipal es insuficiente para atender la elevada demanda de personas migrantes que intentan acogerse al proceso abierto en toda España.
Ibáñez sostiene que Catalá solo ofrece excusas para boicotear el proceso de regularización en lugar de ponerse a trabajar. En las preguntas dirigidas al Gobierno municipal, reclama que se concrete qué refuerzos o medidas está adoptando el consistorio para atender de manera adecuada al gran número de personas que necesitan ayuda con sus expedientes, desde la obtención de citas hasta la presentación de documentación.
La edil socialista ha exigido a la alcaldesa que abandone las excusas e incorpore abogados que asesoren en los trámites. Subraya que, hasta ahora, la única medida ejecutada por el gobierno municipal del PP y Vox ha sido la eliminación de la plaza del único abogado que prestaba servicio específico en esta materia, lo que a su juicio agrava las dificultades de quienes intentan regularizar su situación.
Comparación con otras grandes ciudades
Ibáñez contrasta la actuación de València con la de otras grandes ciudades. Destaca el caso de Barcelona, que ha contratado a más de 50 abogados para ayudar con los trámites, y el de Madrid, donde se ha habilitado un procedimiento de atención específica que incluso se puede gestionar de forma online. También cita a otras capitales como Oviedo, Bilbao o Pamplona, que, según afirma, han articulado dispositivos de apoyo para evitar cuellos de botella similares.
A su juicio, la irresponsabilidad y la negligencia de Catalá está provocando un colapso en las colas para tramitar la regularización en València. La concejala interpreta que la falta de personal, la ausencia de refuerzos y la eliminación de recursos especializados generan esperas prolongadas y dificultan que las personas inmigrantes consigan completar a tiempo los pasos exigidos por el proceso estatal.
Ibáñez añade que diversas ONG han denunciado lo que califican como actitud pasiva del Ayuntamiento de València. Según indica, el consistorio ni siquiera se ofrece a tramitar los informes de vulnerabilidad necesarios para optar a la regularización, unos documentos que pueden resultar determinantes para demostrar la situación social de cada solicitante. En su lugar, sostiene que desde los Servicios Sociales municipales se deriva directamente a las personas inmigrantes a entidades colaboradoras, lo que, en opinión del PSPV, sobrecarga aún más a estas organizaciones y retrasa los expedientes.
La edil socialista considera esta situación una falta de respeto y un intento de boicotear el proceso por parte del gobierno del PP y Vox. Defiende que los trámites de organización dependen de gestiones municipales básicas, como la actualización en el Padrón o la emisión del informe de vulnerabilidad, y remarca que son precisamente estas gestiones las que deben garantizarse si se quiere cumplir con la normativa estatal.
Ibáñez recuerda que muchas administraciones locales gobernadas por el PP en otras zonas de España sí están adaptando su funcionamiento interno para responder al cumplimiento de la ley, habilitando refuerzos y canales específicos. Por eso, pregunta a Catalá qué ha hecho el Ayuntamiento de València para situarse al mismo nivel y evitar quedar rezagado frente a otras ciudades en la atención a la población inmigrante.
En el listado de cuestiones registradas ante la comisión de Bienestar Social, la concejala pone el foco en la situación de las Juntas de Distrito. Señala que estos órganos podrían reforzarse para atender a las personas que necesitan ayuda con la tramitación de su regularización, acercando los servicios a los barrios y descongestionando el edificio principal del Ayuntamiento.
Según el PSPV, este refuerzo en las Juntas de Distrito contribuiría a evitar el colapso que se produce todos los días en las oficinas centrales, donde, denuncian, Catalá sigue sin poner personal suficiente para atender todas las solicitudes relacionadas con la regularización de inmigrantes. Para los socialistas, reorganizar los recursos municipales y ampliar el equipo jurídico y administrativo es esencial para que el proceso se desarrolle con garantías y sin dejar a nadie atrás.
