Los sindicatos docentes UGT, CCOO, STEPV y CSO han acusado a la Conselleria de Educación de poner en marcha un sistema que permite reducir y eliminar plazas de profesorado experto en Formación Profesional mediante procesos de reorganización interna de los centros.
Las organizaciones sindicales sostienen que varios profesionales contratados recientemente de forma indefinida ya han comenzado a recibir comunicaciones de despido, pese a que los ciclos formativos donde impartían clase continuarán activos el próximo curso académico.
Según denuncian, los módulos especializados que hasta ahora desarrollaban estos perfiles pasarán a manos de profesorado perteneciente al cuerpo de secundaria, aunque en muchos casos no cuente con experiencia laboral específica en el ámbito profesional correspondiente.
Los sindicatos consideran que esta medida supone un deterioro de la calidad educativa y un alejamiento de la FP respecto a la realidad de las empresas y del mercado laboral.
Acuerdo tras la huelga de 2025
El conflicto llega apenas unos meses después del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Conselleria tras la huelga indefinida convocada por el profesorado experto y especialista entre noviembre y diciembre de 2025.
Aquel pacto permitió recuperar condiciones laborales y consolidar contratos indefinidos para estos profesionales, vinculados a la continuidad de los módulos formativos en los centros educativos.
Ahora, según explican las organizaciones, la Administración estaría utilizando las nuevas instrucciones de planificación del curso 2026/2027 para reducir progresivamente este tipo de puestos.
Los sindicatos sostienen que el procedimiento permite disminuir horas o eliminar plazas mediante informes elaborados por la inspección educativa sobre las “necesidades reales” de cada centro.
Denuncian una FP “menos especializada”
UGT, CCOO, STEPV y CSO aseguran que el objetivo final es sustituir perfiles especializados por opciones “más baratas y generalistas”, lo que, a su juicio, empobrece las enseñanzas profesionalizadoras.
Las organizaciones también muestran su rechazo a que la inspección educativa participe en la definición de las necesidades de personal y defienden que esa planificación debería corresponder a las direcciones de los propios centros con participación de la comunidad educativa.
Los sindicatos reclaman a Educación que rectifique y mantenga la continuidad del profesorado experto dentro del sistema educativo valenciano.
