La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana explicó que cerca de 100.000 migrantes en la región podrán acogerse al proceso de regularización extraordinaria aprobado a nivel estatal. Esta cifra se enmarca en una previsión global de medio millón de personas en todo el país, lo que convierte la medida en una de las acciones más amplias en materia de inmigración de los últimos años.
Durante su intervención, la representante del Gobierno destacó que este proceso de regularización cuenta con el respaldo del Congreso de los Diputados, donde fue apoyado también por el Partido Popular, y recordó que ha recibido valoraciones positivas de la Conferencia Episcopal, de la patronal empresarial y de los principales agentes económicos y sociales. Según subrayó, este amplio apoyo político, social y económico refuerza la idea de que la medida no solo afecta a la situación administrativa de los migrantes, sino que tiene un impacto directo en el conjunto del país.
La delegada defendió que la regularización extraordinaria beneficiará a España al permitir que miles de personas que ya viven y trabajan en el territorio pasen a hacerlo con mayor seguridad jurídica. Esto facilita su integración en el mercado laboral y en la vida cotidiana, y contribuye a reducir la economía sumergida, reforzar la recaudación y mejorar las condiciones de trabajo, tanto para las personas migrantes como para el conjunto de la población trabajadora.
Apoyo político y críticas a la derecha
Al mismo tiempo, la representante del Gobierno criticó que miembros del Gobierno valenciano estén cuestionando esta medida. Consideró que estas declaraciones responden a la línea marcada por la dirección del Partido Popular a nivel nacional y, a su vez, a la influencia de la extrema derecha. En su opinión, esta dinámica condiciona la política autonómica y genera incertidumbre sobre la estabilidad institucional.
La delegada lamentó lo que describió como un repliegue frente a las posiciones de la ultraderecha, y reprochó que un sector de la derecha española adopte discursos que, según afirmó, se alejan de la realidad social del país. En este contexto, contrapuso la actitud de otros líderes europeos, a los que atribuyó una mayor firmeza frente a los planteamientos más extremos en materia migratoria y política.
Insistió en que España debe mirar al futuro con una sociedad fuerte, basada en trabajadores y trabajadoras que contribuyan tanto a la economía como a la vida cultural y a la convivencia. Desde esta perspectiva, defendió que el proceso de regularización extraordinaria ayuda a consolidar un modelo de país en el que la incorporación plena de las personas migrantes refuerza el tejido productivo y social.
En su valoración, la presencia de personas migrantes con autorización de residencia y trabajo no solo tiene una dimensión económica, sino también cultural. Remarcó que la diversidad contribuye a enriquecer la vida cotidiana, fomenta el intercambio de ideas y experiencias y fortalece la cohesión social cuando se garantizan derechos y se evitan situaciones de vulnerabilidad administrativa.
En relación con la huelga convocada por el sindicato CCOO ante la posible sobrecarga de trabajo en las oficinas de extranjería por la aplicación de la medida, la delegada señaló que el asunto se está tratando en el Ministerio competente. Indicó que las conversaciones están en marcha, lo que apunta a la búsqueda de soluciones organizativas para responder al aumento previsto de trámites y garantizar la atención adecuada a las personas que participen en el proceso de regularización extraordinaria.
