La responsabilidad patrimonial del Estado podría activarse por no ejecutar obras hidráulicas esenciales. Así lo advirtió Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Supremo, al subrayar que la seguridad pública y la protección civil son competencias exclusivas del Gobierno central. Esta afirmación se basa en el artículo 149.1.29 de la Constitución Española y en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
Para Orduña, los gobiernos autonómicos no pueden asumir competencias exclusivas como la seguridad pública. Expresiones como “mando único” carecen de validez legal, ya que las competencias sobre emergencias dependen del Ministerio del Interior, también responsable de declarar una emergencia de interés nacional.
El Estado, responsable por omisión según Orduña
La responsabilidad patrimonial del Estado podría establecerse por la omisión de obras que habrían evitado daños. Orduña señaló que hay una clara relación causal entre la falta de infraestructuras y los perjuicios sufridos por la población. Cuando el Estado no actúa correctamente a través de sus servicios públicos —como el de protección civil— puede derivarse una obligación de indemnizar.
Además, criticó la creencia de que una alerta en el móvil puede sustituir a una presa o infraestructura hidráulica. Para él, la prevención real exige acciones tangibles. “Mis conciudadanos tienen derecho a vivir sin estar pendientes de una alarma”, recalcó, señalando que sin estas obras no solo peligra la seguridad física, sino también la recuperación económica de las zonas afectadas.
Transparencia, sí, pero con límites
Sobre la gestión de la información pública, Orduña defendió una transparencia razonable, que no vulnere la intimidad de los cargos públicos. Respondió afirmativamente a la conveniencia de mostrar facturas o imágenes del Palau, pero matizó que la transparencia debe respetar los límites legales y aplicarse a todos los responsables públicos por igual.
“Eliminar imágenes no es transparente salvo que lo permita la ley”, añadió, destacando que no puede haber exigencia selectiva de rendición de cuentas según el color político.
Obras hidráulicas o abandono institucional
Orduña cerró su intervención recordando que, sin obras hidráulicas, no habrá ni seguridad ni desarrollo económico. La responsabilidad patrimonial del Estado por no actuar podría consolidarse si vuelven a producirse daños. “Estas obras son vitales. Sirven para salvar vidas”, concluyó.
