Seis colegios profesionales de la Comunitat Valenciana han unido fuerzas para impugnar la creación de 36 nuevos puestos de trabajo en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio al considerar que la configuración de las plazas excluye de forma “injustificada” a gran parte de los perfiles especializados en medio ambiente.
Las entidades, que representan a ambientólogos, geógrafos, químicos, ingenieros químicos, geólogos y biólogos, sostienen que la mayoría de las plazas ofertadas tienen funciones claramente ambientales, pero limitan el acceso a numerosas disciplinas relacionadas con este ámbito. Según exponen, solo 5 de las 36 plazas creadas permiten el acceso directo a profesionales de Ciencias Ambientales, lo que deja fuera al 86 % restante.
Los colegios firmantes consideran que esta situación vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Además, aseguran que rompe con el criterio que, según defienden, la Administración autonómica había mantenido históricamente en las Ofertas Públicas de Empleo, donde el cuerpo ambiental estaba abierto a perfiles multidisciplinares.
Desde las entidades señalan que las funciones asignadas a los puestos —como evaluación ambiental, gestión de residuos, control de suelos contaminados, energías renovables, cambio climático u ordenación del territorio— coinciden plenamente con las competencias de sus colegiados.
Según defienden en un comunicado conjunto, «la Administración insiste en priorizar históricamente perfiles de ingeniería o profesiones reguladas, relegando a disciplinas de ámbito medioambiental clave y privando a la Generalitat de equipos multidisciplinares altamente cualificados para gestionar los retos climáticos actuales».
Posible irregularidad administrativa
Los seis colegios profesionales también denuncian una “grave irregularidad administrativa” relacionada con el procedimiento de provisión de las plazas. Según explican, la Administración habría publicado y ofertado los puestos antes de que finalizara el plazo legal para presentar recursos.
A juicio de los servicios jurídicos de las entidades, esta actuación podría vulnerar la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, al limitar el derecho de defensa y comprometer la seguridad jurídica del proceso. Incluso advierten de que esta situación “podría llegar a amenazar la validez legal de todo el proceso de provisión”.
Solicitud de reunión urgente
Las organizaciones profesionales han respaldado formalmente el recurso presentado por el Colegio de Ciencias Ambientales y lo consideran el primer paso de una estrategia jurídica conjunta. Además, han solicitado una reunión urgente con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para abordar la situación.
Los colegios reclaman una revisión inmediata de la adscripción de los puestos y una modificación de la clasificación funcional de las plazas para adaptarla, según sostienen, a la verdadera naturaleza ambiental de los trabajos ofertados.
Entre las entidades firmantes figuran el Colegio Oficial de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de Químicos de la Comunitat Valenciana, la delegación valenciana del Colegio de Geólogos, la delegación territorial del Colegio de Geógrafos y el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana.
