El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha reclamado ante Les Corts que se respete esta institución estatutaria y su capacidad para enfrentarse a la mala administración, una tarea que asegura haber mantenido durante sus siete años de mandato y que, a su juicio, vale la pena conservar porque actúa como freno a los abusos y a la dejación de funciones de los poderes públicos.
Durante su comparecencia en la comisión de Peticiones, en la que ha presentado sus informes correspondientes a 2024 y 2025, Luna ha denunciado que se han vulnerado el Estatut y la ley del Síndic de Greuges, al impedirle comparecer en el pleno como hacen otros defensores del pueblo autonómicos. Ha calificado esta decisión de ataque a las instituciones, al entender que reduce la visibilidad y el alcance del control que el Síndic ejerce sobre la Administración.
El síndic, cuyo mandato concluye en diciembre, ha insistido en la necesidad de preservar y cuidar esta figura, de la que ha reivindicado su independencia e imparcialidad frente a cualquier gobierno. Ha defendido además que la Comunitat Valenciana disponga de una ley propia que desarrolle el derecho a una buena administración, de forma que se concrete qué obligaciones tiene la Administración y qué garantías asisten a la ciudadanía cuando estas no se cumplen. A su juicio, este desarrollo normativo ayudaría a reducir conflictos, agilizar trámites y fijar estándares claros de calidad en la gestión pública.
Luna ha reclamado también un cambio imprescindible del modelo valenciano de servicios sociales, al considerar que la organización actual dificulta que las ayudas lleguen con rapidez a quienes más las necesitan. Ha advertido de que, si no se corrigen cuanto antes estas disfunciones, el sistema seguirá generando frustración en usuarios y profesionales y alimentando la percepción de que la Administración es incapaz de responder a las necesidades sociales básicas.
El debate parlamentario ha estado marcado por las críticas cruzadas. El PP ha afirmado que quien más falta al respeto a las instituciones es quien ahora reclama respeto y le ha acusado de querer ser protagonista. Vox le ha reprochado, por su parte, lanzar soflamas políticas y estar encantado de conocerse. En cambio, PSPV y Compromís han lamentado lo que consideran un ataque sin precedentes de la derecha al autogobierno, al interpretar estas descalificaciones como un intento de desacreditar al Síndic y debilitar los contrapesos institucionales.
Ante estas acusaciones, Luna ha respondido a Vox que, con 74 años, está un poco aburrido de conocerse ya, no encantado. Ha considerado que recurrir a ataques ad hominem con la intención de descalificar demuestra que no se tienen razones de fondo para discutir el contenido de sus resoluciones, que se basan en las quejas ciudadanas y en el análisis jurídico de los casos. Al PP le ha replicado que no busca protagonismo alguno, sino cumplir con su obligación de señalar las malas prácticas administrativas que detecta.
Servicios sociales, vivienda y transparencia
El síndic ha dedicado una parte importante de su intervención a reflexionar sobre tres grandes problemas que viene advirtiendo desde su primer informe de 2019: servicios sociales, vivienda y transparencia. Sobre el modelo de servicios sociales implantado desde entonces, ha señalado que ha incrementado la carga de trabajo de las corporaciones locales sin proporcionarles recursos suficientes, lo que ha provocado que muchos ayuntamientos se vean desbordados. Ha descrito un sistema absolutamente burocratizado, basado en el contrato programa, que en su opinión no es un buen instrumento porque introduce rigideces, multiplica la tramitación y se aleja de la realidad concreta de cada municipio.
Con relación a la vivienda, Luna ha subrayado que el parque público apenas ha crecido desde 2017, lo que dificulta ofrecer soluciones a familias en situación vulnerable o afectadas por crisis habitacionales. Ha recordado que en los presupuestos de la Generalitat de 2025 desapareció el procedimiento específico para conceder ayudas de emergencia ante este tipo de crisis, dejando a muchas personas con menos herramientas para afrontar desahucios o pérdidas repentinas de alojamiento. Además, ha denunciado que la Conselleria de Vivienda no responde a los requerimientos del Síndic, lo que impide cerrar expedientes y agrava la sensación de desprotección de los afectados.
En materia de transparencia, el síndic ha explicado que el 78 % de las quejas ciudadanas se refieren a la falta de respuesta de las administraciones, un dato que refleja un grave problema estructural. Ha destacado especialmente las quejas de concejales a quienes sus propios ayuntamientos niegan información pública, lo que impide su labor de control y fiscalización. Para Luna, esta actitud denota una inclinación autoritaria grave en el ejercicio del poder, que no depende de colores políticos y que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Luna ha advertido de que el poder que no se preocupa por la buena administración se reduce a mero exhibicionismo, porque solo se centra en la imagen y no en los efectos reales de las decisiones adoptadas. Según ha señalado, quien actúa sin pensar en las consecuencias para la ciudadanía únicamente exhibe su propio ego, por lo que ha insistido en que conviene a todos, gobernantes y administrados, velar por el derecho a una buena administración y tomar en serio las advertencias que llegan desde el Síndic.
El síndic ha aludido también a la dana de 2024, que, a su juicio, demostró el colapso de la Administración valenciana, si es que no estaba ya claramente evidenciado. Ha explicado que ese episodio puso en primer plano las carencias de un Estado moderno a la hora de evitar daños materiales y personales en una catástrofe, tanto por la lentitud en la respuesta como por la falta de coordinación. Ha criticado la grave falta de cooperación entre administraciones, que, según ha indicado, incrementó el impacto de la dana y dejó sin una atención adecuada a personas afectadas que esperaban respuestas rápidas y eficaces.
Por último, en relación con la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Luna ha considerado que rebajar su presupuesto y decirle a quién y cómo debe conceder las subvenciones supone un ataque directo y frontal a su autonomía. Ha recordado que el Defensor del Pueblo recomendó a la Generalitat modificar el presupuesto para garantizar esa autonomía, un criterio que, según ha señalado, no se ha atendido. Para el síndic, estas decisiones ponen en riesgo la independencia de la institución y envían un mensaje preocupante sobre el respeto al marco estatutario y a la pluralidad lingüística en la Comunitat Valenciana.
