El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha cuestionado de forma contundente la decisión de exigir un informe de vulnerabilidad para que las personas inmigrantes en situación irregular puedan acceder a la regularización extraordinaria. Considera que se trata de un trámite innecesario que añade una carga burocrática adicional y que, lejos de mejorar la protección de estas personas, provoca un mayor colapso en los servicios sociales municipales.
En su intervención ante la comisión de Peticiones de Les Corts Valencianes, el defensor ha planteado que una persona sin papeles en un país que no es el suyo ya se encuentra, por definición, en una situación de vulnerabilidad. Desde este punto de vista, entiende que solicitar un informe específico para acreditarlo supone duplicar una evidencia que ya se da por hecha y que retrasa la tramitación de la regularización, con consecuencias directas para quienes esperan una respuesta administrativa.
Impacto en los servicios sociales municipales
El Síndic ha subrayado que, antes de aprobar medidas de este tipo, es imprescindible comprobar si existe capacidad administrativa para hacerlas efectivas. A su juicio, en este caso no la hay, y el resultado es que los servicios sociales se han convertido en una especie de cajón de sastre al que se derivan funciones muy diversas, entre ellas ahora la elaboración de informes de vulnerabilidad para inmigrantes en situación irregular.
Ha detallado que los servicios sociales locales de la Comunitat Valenciana ya estaban colapsados por la carga de trabajo previa y los problemas que debían atender antes de esta nueva exigencia. Con la obligación de emitir certificados de vulnerabilidad en un contexto de urgencia, ese colapso se agrava. En muchos casos, las personas afectadas ni siquiera han acudido antes a su ayuntamiento para solicitar ayuda, lo que obliga a los equipos municipales a realizar comprobaciones y valoraciones desde cero, consumiendo tiempo y recursos limitados.
El Síndic ha remarcado además que, desde un punto de vista práctico, no entiende qué añade un certificado de vulnerabilidad al proceso de regularización de una persona extranjera que carece de documentación. Considera que quien vive en un país sin papeles es vulnerable a múltiples tipos de abusos, riesgos laborales y situaciones de desprotección, por lo que la vulnerabilidad debería presumirse sin necesidad de un documento adicional.
En su análisis, la exigencia de este informe se convierte en la gota que colma el vaso de la situación de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Ha defendido que el modelo actual requiere una reflexión a fondo y profunda, porque las tareas que se les van atribuyendo de forma sucesiva complican la atención a la ciudadanía y dificultan que puedan centrarse en sus funciones esenciales. Aunque ha admitido que este replanteamiento no será sencillo, lo ha calificado de imprescindible para garantizar una atención social eficaz.
Al debate sobre el colapso de los servicios sociales se ha sumado la intervención del diputado de Vox Jesús Albiol, quien ha atribuido la responsabilidad de esta situación al presidente del Gobierno, acusándole de querer regularizar a 500.000 inmigrantes que, según su posición, solo generarán problemas. El Síndic de Greuges ha respondido que no tiene jefe político, ni siquiera en Les Corts, pese a que es el parlamento autonómico quien le designa, ya que la ley que regula la institución garantiza su independencia.
El parlamentario de Vox ha defendido además la llamada prioridad nacional como principio fundamental a la hora de diseñar las políticas públicas. Frente a este planteamiento, el Síndic se ha remitido al marco legal vigente, recordando el contenido del artículo 10 del Estatut d’Autonomia, la Carta de Derechos Sociales, la ley de integración de las personas inmigrantes y la ley de protección de menores.
Según ha explicado, todas estas normas establecen de forma clara y contundente el principio de no discriminación, que se ve reforzado por el artículo 14 de la Constitución. Mientras estas leyes sigan vigentes, ha recalcado que no puede aplicarse ningún criterio de prioridad nacional que suponga discriminar a personas por razón de origen o situación administrativa. En su opinión, quien quiera impulsar otro tipo de política migratoria deberá plantear una modificación de todo el entramado legislativo que hoy protege la igualdad de derechos y evita la discriminación en el acceso a los servicios y prestaciones.
